Por Alejandro Maidana
Días atrás, los productores, ambientalistas y docentes rurales Tamara Caserotto y Javier Gamba, fueron detenidos por una causa armada por oficiales de la Comisaría 4ta de Longchamps. Los uniformados sin comunicar la causa de la detención, los privaron de su libertad y derechos, encontrándose incomunicados sin poder avisar a sus abogados y familiares sobre su paradero. Desconociendo el carácter de su aprehensión y hacia donde estaban siendo trasladados.
Tras 36hs de detención arbitraria, teniendo los detenidos un botón antipánico, los mismos policías fueron los que armaron la denuncia. Mientras el grupo de loteadores continuaba sus obras en el lugar, alambrando e instalando un transformador y perimetrando las 60 hectáreas.
A partir de la ordenanza 11819 aprobada en plena pandemia, los dueños históricos de los campos empezaron a padecer la impunidad, represión y persecución de una horda de loteadores que operan de forma violenta y fraudulenta, a partir de amenazas de muerte, escopetazos en las tranqueras, fingiendo el secuestro de familiares, identificando patentes y persiguiendo y amedrentando los vehículos de dueños y familiares. Intimidando a vecinos, para adoctrinar y menos valer a la población del pueblo rural.
Detención ilegal de ambientalistas y docentes
Ellos fueron aprehendidos sin DNI, por interpelar a los sujetos que entraban en la tierra para usurpar. Ella quien además es técnica rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y su pareja productor apícola, siguen en riesgo y constantemente vulnerados por defender y visibilizar la problemática del uso de las tierras para proyectos inmobiliarios ilegales y pérdida de la zona rural.
La víctima de violencia institucional y de género, Tamara Caserotto, ya había realizado 4 denuncias anteriores desde hace 6 meses en esa comisaría y en la UFIJ n1, advirtiendo del peligro que corren sus vidas: por ser testigos de los dueños frente al juicio, por ser testigos y denunciantes de los operativos ilegales que suceden en Ministro Rivadavia y por ser tercera parte poseedora de la tierra que se quiere ocupar.
El Fiscal Dr Javier Gramajo todavía no le ha otorgado la perimetral, a pesar de haber sido amenazada de ser quemada viva por los usucapiantes y haber sido golpeada en dos ocasiones con 16 golpes en el cuerpo. «Me quisieron poner una pala mecánica encima, amenazaron con matarme y demoler nuestra casa, apreté el botón y me pegaron frente al policía, ellos no hicieron nada», le dijo a Conclusión.
Fueron más de 50 personas las que llamaron a la Comisaría preguntando por la causa de la detención, medios locales, productores y hasta funcionarios se interesaron sobre la situación. “A mí a las pocas horas me liberan presionándome a firmar el acta de procedimiento. No me dejaron denunciar ni tampoco al dueño. No me querían dar los nombres y apellidos de los agentes oficiales denunciantes, de los cuales sólo recibí maltrato. Ya habiéndose comunicado a un grupo de abogados en reiteradas ocasiones, Espacio Hábitat Sur y con la colaboración del Centro de Acceso a la Justicia, lograron que Javier pueda tener una visita y así saber si estaba bien. Nadie sabía si estábamos en el Cuerpo Médico Judicial de Lanús, si estábamos en la Fiscalía de Lomas de Zamora declarando o si seguíamos detenidos”, enfatizó Tamara Caserotto.
Por ello se organizó una convocatoria en la Comisaría para pedir la liberación de Javier, a lo que se les solicitó que no acampasen en las afueras de la institución. A las 2 de la madrugada lo liberaron, tuvo que llegar hasta su casa caminando. Cabe destacar que Javier además de ser productor apícola, es estudiante de traductorado público y derecho en la UBA.
Impunidad y violencia institucional
La persecución y hostigamiento institucional no sólo fue hacia ellos sino hacia los dueños del campo, quienes también fueron presionados y amenazados por interferir en la obra ilegal desarrollada en tierras de su propiedad, por parte de este grupo de loteadores. “No es el primer caso de Ministro Rivadavia, ya que la localidad en el 2020 fue rezonificada. Una vez habilitada la figura de club de campo, desencadena la especulación inmobiliaria hacía 2600 has del último pulmón verde y rural de la zona. El poder judicial y jurídico hoy deben actuar para garantizar los derechos de los vecinos. Todas las causas y abogados hoy están decididos a acabar con esta ilegalidad y solicitar a los señores jueces y fiscales, así como a la intendencia que tomen una determinación sobre la violación a la ordenanza municipal y fiscalicen los operativos ilegales, reconozcan la medida de no innovar, paren las obras y cuestione la posesión ilegítima que hoy hacen los loteadores a menos de 5 días de ocupar la tierra tras 13 años de juicio donde la usucapión en esas 30 has no tenía ocupación”.
Ellos logran hacer visible frente a las autoridades su situación cuando el único Fines rural este año se encuentra en peligro por la amenaza de desalojo. Los loteadores entregan una pala mecánica a los usucapiantes para arrancar un operativo de violencia donde golpean y lesionan a los docentes por defender el lugar. La continuidad y presencialidad del Fines rural no pudo ser garantizado, así como tampoco la seguridad de los docentes ni alumnos para estudiar en un espacio seguro y sin amenazas. Con la intervención de los responsables municipales e inspectores se intentó trasladar la sede del Fines hacia otro lugar. Finalmente 3 comisiones quedaron sin continuidad.
El barrio más avanzado de 80has, llamado barrio policial, es donde estos loteadores iniciaron el primero y uno de los negocios más pretenciosos hace 3 años. Hoy son 400 familias las que fueron estafadas. En sus inicios fue custodiado por patrulleros. La participación irregular de la policía y los testimonios de vecinos demuestra que lo que se vive en Ministro Rivadavia deja al barrio deliberado a la inseguridad con el avance de los loteos. “Atilio Talavera es el nombre del loteador detrás de estos operativos. Toman tierras, empiezan a perimetrar, reprimen, arreglan papeles, pagan agrimensores y tractoristas, les pagan los abogados a los usucapiantes y venden posesiones sin escrituras, toman la plata y se dan a la fuga. Luego los vecinos tienen que volver a pagar o desalojar”.
La violencia institucional fue denunciada. El atropello de más de 8 dueños con campos usurpados será exhibido ante los medios locales tras haber sido planteado a partir de denuncias y notas ante Defensoría del Pueblo y la Secretaría Privada de Intendencia. “Utilizan legalmente los nombres de caseros y usucapiantes para deslindarse de cualquier causa judicial. Mientras que la policía opera cuidando la identidad de cada uno de los que entran. Parece que las autoridades no pueden tomar cartas en el asunto y contener a este grupo de privados e inmobiliarias. Ya depredaron y destruyeron gran parte del patrimonio rural e hídrico parte de la cuenca. Venimos denunciando estos operativos y pidiendo hace meses que la Subsecretaría de Tierra envié a fiscalizar las obras. Así como también nos hemos acercado a dialogar con las autoridades de la Granja Municipal que al ser tierras privadas nada pueden hacer. Detrás de la construcción de la Ordenanza lanzada en plena pandemia, estaba la Fundación Metropolitana, quien uno de sus embajadores es Grobocopatel y el negocio sojero. Si queda algún pedazo verde, este está a merced de la especulación inmobiliaria y sojera.
Pérdida de la zona rural y área protegida
Ministro Rivadavia representa 29 km2 de todo Almirante Brown. Más del 50% de los espacios verdes están en esta parte del partido. “El patrimonio natural y rural, histórico y tradicional de nuestra localidad, hoy ya está en riesgo. Los productores y productoras del parque rural son pequeños y medianos productores de la agricultura familiar y ganaderos. Uno de los tamberos más grandes hoy no tiene permitido pastorear a sus 350 animales porque el loteador está perimetrando las tierras. La pérdida de la zona rural por avance de barrios hacinados hoy viola la normativa de la ordenanza 11819 que indica específicamente la superficie potencial a urbanizar. La parcela dónde estamos es una parcela declarada a preservar la 752a, mientras que la 752 b, 751, son parcelas categorizadas zonas de recuperación. Sin un estudio de impacto ambiental no pueden hacer movimientos de tierra”, indicó Tamara.
Este año, el Municipio reconoció y declaró la Reserva Natural Camino las Flores en Longchamps. “Hoy pedimos que, si la pérdida de la zona rural avanza y la zona periurbana no es identificada, degenere una zona de preservación natural para garantizar la amortiguación y transición del impacto del desarrollo urbanístico. Mi querido manchón verde, así reconocen los dueños al último pedazo verde que queda, con un gran potencial natural y biológico, donde relevaron más de 300 especies nativas. Son casi 6 parcelas que hoy pueden ser el destino del proyecto de preservación. Todas declaradas zonas de productivas y zonas de recuperación. Para autorizar la realización de obras es necesario la intervención del OPDS y realizar un estudio de impacto del proyecto”.
El proyecto ya fue presentado al sector de Áreas Protegidas en el Ministerio de la Provincia este año, teniendo una gran cantidad de adhesiones y apoyo de grupos de productores y organizaciones que trabajan en la promoción de la soberanía alimentaria y el cuidado ambiental. “Es necesario apostar hacia una política del cuidado y uso de la tierra entendiendo la sostenibilidad de la planificación y ordenamiento territorial, protegiendo las zonas de transición y preservando los elementos naturales que también garantizan el desarrollo social y productivos de los ecosistemas. Tenemos un proyecto de preservación presentado, así como un proyecto de Escuela de Agroecología especializada en el periurbano. Logramos el apoyo político de las autoridades nacionales y provinciales, pero aún no de las autoridades municipales. Realizamos el Campamento Nacional de Agroecología y Soberanía alimentaria acá, el Plenario de Huertas, realizamos avistamiento de aves y recorridas promoviendo el ecoturismo de la localidad. Destacando que también hemos sido convocados por el Congreso Nacional de Apicultura Periurbana para exponer nuestro caso. Logramos presentar un estudio científico en el Congreso Nacional de Agroecología hablando de las zonas de transición y su rol como garantes de la soberanía alimentaria”.
Convocan a una mesa de ordenamiento territorial ambiental
Se propone la ampliación de la Mesa Periurbana Rural hacía otros municipios y abordar de manera inmediata la problemática y violación del ordenamiento territorial ambiental y responder a la emergencia habitacional y la pérdida de los periurbanos que se vive en el conurbano del AMBA. “Exigimos se dicten políticas de preservación a los periurbanos, construí un plan de gestión hacia las zonas de transición periférica periurbana, falta identificar y delimitar la zona rural propia del Parque Rural, establecer un plan de ordenamiento territorial ambiental entorno a la protección y de los brazos de los arroyos Santo Domingo y Las Piedras. Almirante Brown pertenece a la Cuenca Matanza Riachuelo dónde incide la gestión del ACUMAR y a pesar de esto, este grupo de loteadores ilegales han modificado y rellenado arroyos y bajos, para vender más lotes, sin asumir las consecuencias de la destrucción de la cuenca hídrica”.
Son 180 hectáreas las que quedan en el corazón de Ministro Rivadavia. El resto de las calles principales del Parque Rural, Juan B Justo, Calderón, Fontana y Laprida fueron alambradas y loteadas. “Los campos no están en venta. En 2013, el ex intendente Housstosi junto a la FADU elaboraron un plan de desarrollo urbanístico para todo Almirante Brown. Es ahí donde por primera vez se menciona al Parque Rural como Reserva PROVINCIAL, delimitado por una zona periférica periurbana. Este caso logró hacer tanta repercusión que media de comunicación de Tigre, Mar del Plata, Moreno, trataron de visibilizar lo que sucedía. Circularon un comunicado en repudio hacia el maltrato de los productores y lograron algo que en 7 años no se había visto. El CLA INTA AMBA junto con la Mesa Apícola Periurbana lanzaron un comunicado en solidaridad y acompañamiento a los productores damnificados del Parque Rural”, concluyó la docente Tamara Caserotto.
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