Un total de 135 artículos de una ley central para la administración del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou fueron puestos en debate este domingo, en un referendo con pronóstico de resultado ajustado que, además del futuro mismo de la iniciativa, aireará o erosionará lo que queda del mandato del Ejecutivo y marcará al menos parte de la estrategia futura de la oposición.
El año pasado, un conjunto de organizaciones, entre ellas la central obrera PIT-CNT y el Frente Amplio, se propuso juntar más de 700.000 firmas parta forzar el referendo, un logro que se consiguió en plena pandemia.
En los cuartos oscuros, este domingo hubo boletas rosadas con el Sí a favor de derogar los artículos cuestionados y papeletas celestes con el No, favorables a mantener la Ley de Urgente Consideración (LUC) como está.
Las últimas encuestas preanuncian un resultado muy apretado, con una leve ventaja para el No, aunque con un número importante de indecisos, claves en las horas finales.
Un triunfo del No significará, sin dudas, un espaldarazo para el Gobierno, que hasta quizás pueda animarse a impulsar otras reformas centrales en la estructura del Estado.
Aunque públicamente dirigentes y funcionarios de uno y otro lado dejaban en claro que no se trataba de una consulta de medio término sobre la gestión de Lacalle Pou, a nadie pareció escaparle que el resultado encerrará algo de eso.
Por eso los cinco partidos que integran la alianza de Gobierno pusieron a jugar en la campaña a sus principales dirigentes y el mismo mandatario se involucró, primero tímidamente y después de lleno, al punto que la campaña del No se cerró con una conferencia de prensa que él mismo encabezó.
Del lado del Sí, al Frente Amplio le queda –aún si el resultado fuera adverso- la satisfacción de haber podido mostrar un enorme poder de presencia territorial, una movilización notoria aún en tiempos de pandemia y una revitalización que, incluso, atravesó su proceso de renovación de autoridades.
Por la complejidad de lo que se vota se trató de una campaña atípica: hubo que explicar el contenido de decenas de artículos de una ley extensa.
Por eso, más que de grandes actos, se trató de una tarea cara a cara, de concientización en pequeños encuentros, de mucha presencia en medios y de charlas-debates en los ámbitos en los que se pudiese.
La LUC fue sancionada el 8 de julio de 2020 en el Congreso, con 476 artículos, aunque había ingresado con 501.
Entre otras cuestiones, limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que «afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios», establece la figura de la «apariencia delictiva» y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta 100.000 dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.
Además, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del Estado en el área, crea una modalidad de desalojo exprés de viviendas alquiladas y evita el modelo cooperativo de construcciones de casas, y habilita el cierre y/o la privatización de áreas estratégicas de la petrolera estatal Ancap.
Desde la restauración democrática, en 1985, apenas 13 proyectos de ley fueron enviados al Legislativo con esa declaratoria de urgente consideración: 9 fueron aprobados y 4 rechazados, pero solo 3 de esas iniciativas eran de la categoría «ley ómnibus».
Además de la central sindical PIT-CNT y el Frente Amplio, la Comisión por el Sí reúne a la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos (FEUU), la Intersocial Feminista, la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay (ADASU), las Intersociales de Salto, Carmelo, Rivera, Soriano, Artigas, Costa de Oro, Tacuarembó, Paysandú, Treinta y Tres y Fray Bentos; Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos, y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam).
