Desde La Izquierda Diario Perú y la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST) denuncian que el «gobierno golpista» de Boluarte respalda el accionar de la Policía y los militares, al punto de prorrogar por 60 días más el Estado de emergencia y la militarización de las regiones donde la resistencia es más aguda como en Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Sin embargo, la brutal represión policial y militar en estas provincias ya se cobró la vida de más de 60 manifestantes. Dos de las masacres más sangrientas tuvieron lugar en Juliaca, en el sur de Perú, donde el 9 de enero el Ejército asesinó a al menos 17 personas y en Ayacucho donde el 15 de diciembre fueron asesinadas 10 personas.
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El relato oficial sobre la masacre de Ayacucho decía que los militares dispararon a un grupo de manifestantes que intentaban tomar el aeropuerto de la ciudad y que las fuerzas represivas no utilizaban munición letal. Sin embargo, nuevas pericias e investigaciones dan por tierra con esa versión y muestran la cruda realidad de una masacre planificada.
Fuentes periodísticas y de la Fiscalía dan cuenta de que al menos 6 de los asesinados no se encontraban en el aeropuerto, sino que habían sido perseguidos por las calles de la ciudad por los militares y luego asesinados, mientras que las pericias demuestran que 9 de los 10 asesinados presentaban heridas provocadas por munición de plomo perteneciente a armas letales del Ejército.
El diario La República reproduce la investigación de IDL-Reporteros que mediante un video revela cómo seis de las diez víctimas de las protestas del 15 diciembre murieron por disparos de militares que los persiguieron tras desalojarlos del aeropuerto.
«Los periodistas Rosa Laura y César Prado han reconstruido cómo se asesinó a seis de las diez personas fallecidas el 15 de diciembre: Josué Sañudo, Edgar Prado, Clemer Rojas, Cristofer Ramos Aime, José Luis Aguilar Yucra y Leonardo Hancco. La investigación del equipo dirigido por Gustavo Gorriti permitió identificar la ubicación y los momentos precisos de los disparos y dónde cayeron las víctimas. ’Pudo determinar que en los seis casos investigados los que dispararon fueron militares; así como quiénes estuvieron al mando del operativo militar’».
Por su parte los «peritajes balísticos forenses de la Dirección de Criminalística practicados a 9 de los 10 fallecidos durante la protesta del 15 de diciembre concluyen que los orificios de entrada y salida son compatibles con impactos de proyectiles calibre 5.56 mm disparados por fusiles de largo alcance como los que los militares del Ejército portaron el día de los hechos».
El informe concluye que «todos murieron por impactos de proyectiles de arma de fuego que produjeron heridas muy similares. Quiere decir que los autores de los disparos usaron el mismo armamento».
Este accionar brutal y la masacre perpetrada por los militares y la Policía respaldada por el Gobierno de Boluarte fue denunciada desde el primer día por los pobladores de Ayacucho, pero también de otras regiones, como es el caso de Juliaca, que sufrieron masacres similares.
Gran parte del sur del país y de la sierra, que ha venido estando a la cabeza de la resistencia con movilizaciones y bloqueos de ruta, exigiendo la renuncia de Boluarte y del Congreso, como así también la instauración de una asamblea constituyente, han venido denunciando estas masacres desde el primer día. Sin embargo, tanto el gobierno como los principales medios de prensa no solo lo niegan sino que han construido un verdadero «apagón informativo» sobre lo que pasa en esas regiones. De la misma manera han buscado señalar a los manifestantes como terroristas con el objetivo de criminalizarlos y perseguirlos, al mismo tiempo que intentan separar a esas regiones del resto del país y en particular de Lima, para intentar descomprimir la situación y acabar con las movilizaciones en la capital.
