Uno de los países más difíciles para ejercer el periodismo es México. Los niveles de violencia que se viven en el país del norte se ven reflejados en las crudas estadísticas de periodistas muertos, que tan solo en el último mes y medio se eleva a cuatro, junto con otros dos que han sido baleados.
Este viernes al mediodía fue asesinado fuera de una tienda Maximino Rodríguez Palacios, reportero del Colectivo Pericú, en la ciudad de La Paz, estado de Baja California Sur.
Rodríguez Palacios, de 73 años, había estacionado su automóvil en una zona especial para discapacitados, ya que su esposa utiliza silla de ruedas, cuando recibió desde un vehículo una ráfaga de 15 balas efectuadas con rifles de alto poder, según medios mexicanos. La mujer resultó ilesa.
«Exigimos a las autoridades su aplicación en la aclaración de este y muchos otros crímenes que siguen impunes y han dejado a familias destrozadas por el dolor», aseguró el Colectivo Pericú. Las autoridades aún no se han expresado.
Por el momento, no existe conexión entre los casos, pero todos eran periodistas que realizando su trabajo «incomodaban» a algunas personas. Actualmente, México es el tercer país con más periodistas asesinados, sólo superado por Siria y Afghanistán. Son 103 los que han perdido la vida desde el 2000.
En marzo de este año habían sido asesinados tres periodistas, sumado a la muerte de un escolta que protegía a un reportero y un diario que tuvo que cerrar por la violencia que recibían sus periodistas.
En la última década entre tres y diez periodistas fueron asesinados en el país cada año. Pero en 2016 se dio un récord con 11 reporteros, de acuerdo a la organización Artículo 19, según reprodujo la BBC.
La mitad de las agresiones a la prensa, según Artículo 19, proceden de funcionarios públicos y el 99,75% de los casos quedan sin resolverse.
Desde 2012 existe en el país un Mecanismo de Protección a Periodistas donde más de 220 periodistas reciben medidas de seguridad tras haber sido amenazados.
El sistema ha sido criticado por no lograr evitar ataques, el gobierno admite que es necesario reforzarlo y organizaciones han urgido a las autoridades a hacerlo más eficiente.
