VIERNES, 06 DE DIC

Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel ante los “crímenes de guerra”

El Ministerio de Salud de la frontera asegura que cerca de 8.000 personas han muerto como consecuencia de los ataques, entre los que se encuentran civiles, niñas y niños.

Freddy Mamani, vicecanciller de Bolivia

El Gobierno de Bolivia anunció este martes la inmediata ruptura de sus relaciones diplomáticas con Israel, en rechazo a los que considera como «crímenes de guerra que se cometen en la Franja de Gaza». La decisión fue comunicada por la ministra de la Presidencia y canciller interina, María Nela Prada, y el vicecanciller, Freddy Mamani, en una declaración a la prensa en Casa Grande del Pueblo, reportó la agencia oficial ABI.

«En el marco de su posición principista de respeto a la vida, estamos remitiendo esta comunicación oficial al Estado de Israel, en la cual hacemos conocer nuestra decisión, como Estado Plurinacional de Bolivia, de romper relaciones diplomáticas con Israel», informó la ministra.

El presidente Luis Arce se reunió el lunes con embajador de Palestina, Mahmoud Elalwani, oportunidad en la que hizo conocer el rechazo a lo que ocurre en la Franja de Gaza. “No podemos callar y seguir permitiendo el sufrimiento del pueblo palestino, sobre todo niñas y niños que tienen derecho a vivir en paz. Rechazamos los crímenes de guerra que se cometen en la Franja de Gaza”, añadió Arce. Aclaró también que “respaldamos las iniciativas internacionales para garantizar la ayuda humanitaria, en cumplimiento del derecho internacional”, escribió Arce en la red social Facebook.

El 7 de octubre, Israel sufrió una incursión desde la Franja de Gaza, llevada a cabo por Hamas, que provocó más de 1.400 israelíes muertos, según informó el gobierno israelí. Como respuesta, Israel declaró el estado de guerra. En pocos días, el Ejército tomó el control de todas las zonas pobladas cercanas a la frontera con Gaza y llevó a cabo bombardeos contra objetivos del enclave, incluidos civiles.

El Ministerio de Salud de Gaza asegura que cerca de 8.000 personas han muerto como consecuencia de estos ataques.

La ministra Prada demandó el cese de los ataques en la Franja de Gaza y rechazó “el hostil tratamiento israelí hacia los responsables internacionales de bridar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, a quienes se les está impidiendo el visado para el trabajo que la comunidad internacional les ha delegado”. Ante esa agresión, Prada reafirmó la postura del Estado Plurinacional de Bolivia de condenar “las violaciones claras al derecho internacional humanitario”, como lo denunció el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el Consejo de Seguridad, y su llamado “al alto al fuego en la Franja de Gaza”.

“Consecuente con nuestra política pacifista, que está enmarcada en el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, y en concordancia con lo que manifestó nuestro presidente Luis Arce en el 77 y 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2022 y 2023, respecto a declarar al mundo como zona de paz, llamamos al diálogo y a las soluciones estructurales que respeten la vida y así evitar una mayor escalada del conflicto a nivel mundial”, indicó Prada.

Además, la canciller interina llamó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA), entre otros, a “producir” acciones colectivas que permitan encontrar “soluciones estructurales a los conflictos”.

Pero también acciones que busquen “sanciones contra los responsables de los crímenes de guerra que se están cometiendo contra el pueblo palestino, no desde ahora, sino desde hace muchísimos años, y evitar un genocidio”.

“Logremos una salida estructural a través del reconocimiento del Estado Palestino”, afirmó la ministra, una decisión a la que se opone Israel. En la ocasión, Prada anuncio que el Estado Plurinacional hará llegar ayuda humanitaria a los afectados en la Franja de Gaza. Esta decisión es consistente con las posiciones críticas que viene sosteniendo el Gobierno boliviano.

 

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