Brasil: piden supervisar autopsias tras la operación policial más sangrienta en Río de Janeiro
El organismo Público solicitó al Supremo Tribunal Federal autorización para acompañar los exámenes forenses de los fallecidos en la Operación Contención, que dejó alrededor de 120 muertos. El pedido busca garantizar la transparencia de la investigación y la rendición de cuentas del Estado.
La Defensoría Pública Federal (DPU) presentó ante el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), un pedido para estar presente en las autopsias de las víctimas de la Operación Contención, ejecutada el martes por las policías Civil y Militar en dos favelas de Río de Janeiro. La intervención, considerada la más letal en la historia de la ciudad, dejó un saldo de aproximadamente 120 muertos, entre ellos cuatro agentes policiales.
En ese sentido, la solicitud fue presentada en el marco del proceso conocido como ADPF das Favelas, una acción judicial en la que el STF ya había establecido medidas destinadas a reducir la letalidad policial en Río de Janeiro.
En este contexto, la Defensoría argumentó que el acompañamiento de los exámenes periciales es indispensable para garantizar la integridad de las investigaciones y la correcta atribución de responsabilidades al Estado en caso de irregularidades.
Además, la DPU subrayó que la supervisión técnica independiente durante la producción de pruebas resulta fundamental para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Según la institución, solo mediante un control efectivo se podrá determinar si las muertes ocurrieron en enfrentamientos reales o en ejecuciones extrajudiciales.
Por otro lado, el ministro Alexandre de Moraes fue designado para tomar decisiones urgentes en el caso, luego de la jubilación del exministro Luís Roberto Barroso. En consecuencia, Moraes ordenó al gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, que presente explicaciones sobre el operativo policial y sus resultados.
Mientras tanto, el gobierno estatal defendió la operación, calificándola como un “éxito”. De acuerdo con las autoridades, los fallecidos habrían reaccionado violentamente a la intervención, mientras que quienes se rindieron fueron detenidos.
Como resultado, se realizaron 113 arrestos, 33 de ellos en otros estados, se incautaron 118 armas y una tonelada de drogas, y se ejecutaron numerosas órdenes de allanamiento y detención.
Sin embargo, las denuncias de abusos se multiplicaron. Residentes, familiares de las víctimas y organizaciones sociales calificaron la intervención como una masacre.
Según sus testimonios, varios cuerpos fueron hallados decapitados y con signos de ejecución en zonas boscosas, lo que generó indignación y temor entre los habitantes de las comunidades afectadas.