Los primeros 16 miembros de las Farc indultados por el gobierno de Colombia en el marco del proceso de paz que sostiene con la guerrilla fueron excarcelados el miércoles en reconocimiento a «la disminución de la violencia» del grupo armado.
«Ya están en libertad 16 de las 30 personas que el Gobierno nacional decidió indultar el pasado 22 de noviembre», señaló la estatal Oficina del Alto Comisionado de la Paz en un comunicado.
«Es un primer gesto unilateral del Gobierno luego de evaluar el cumplimiento del cese unilateral por parte de las Farc, la consecuente disminución de la violencia y los avances del proceso», agregó el texto.
Los nueve hombres y siete mujeres liberados salieron el miércoles de las cárceles de La Picota y El Buen Pastor de Bogotá. Ninguno de ellos está condenado por delitos graves y tendrán que comprometerse a no regresar a las filas de las Farc, según el gobierno.
Cuatro de los guerrilleros indultados tienen permiso para viajar a La Habana en calidad de «ciudadanos autorizados formalmente por el gobierno para recibir información del contenido de los acuerdos alcanzados» en las negociaciones.
«No podemos todavía estar aplaudiendo porque nuestros compañeros aún continúan en las cárceles», dijo Sandra Patricia Isaza, una de las excarceladas que viajará a Cuba, en una declaración a los medios.
La guerrilla, que calificó el indulto como un «gesto positivo», elevó sus exigencias y pidió como medida «humanitaria» liberar a guerrilleros, policías y militares enfermos.
Las Farc justificaron su nueva propuesta como parte del compromiso de reducir la intensidad del conflicto antes de firmar la paz y convertirse en un partido político.
Las Farc «en sociedad»
A seis meses de la tregua unilateral decretada por las Farc el pasado 20 de julio, la liberación de los primeros guerrilleros indultados «es un gesto de construcción de confianza entre las partes», dijo Jorge Restrepo, investigador del centro de análisis de conflicto Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos).
«Por primera vez (en este proceso) veremos la construcción en sociedad de las Farc: veremos quiénes son, qué van a hacer y si participarán en política, porque se trata de indultos que no ponen en riesgo la seguridad», agregó.
Para Angelika Rettberg, experta en Construcción de Paz de la Universidad de los Andes, la liberación es una «concesión» del gobierno a la mesa de negociaciones que demuestra «compromiso con los acuerdos de justicia» alcanzados el 23 de septiembre y que contemplan amnistía para los guerrilleros acusados sólo de levantarse en armas contra el Estado y que no estén implicados en delitos graves, como secuestro, violencia sexual o ejecuciones fuera de combate.
Según Rettberg, ya existía entre las partes negociadoras «un acuerdo tácito para desescalar las acciones armadas», que se tradujo por parte del gobierno en una reducción de las capturas y judicializaciones de guerrilleros en los últimos meses.
En los pasados 55 días no se registraron acciones ofensivas violentas de las Farc, según el último informe de medidas de des-escalamiento del conflicto armado elaborado mensualmente por el Cerac, conocido el miércoles.
La defensoría del pueblo -ente encargado de velar por los derechos humanos en Colombia- celebró por su parte este jueves un «panorama alentador» por la «notable reducción de hechos violentos» tras el cese al fuego y las hostilidades por parte de la principal guerrilla del país, que cuenta con unos 7.000 combatientes según estadísticas oficiales.
Esta semana, ambas partes acordaron solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU una misión de verificación del inminente desarme de las Farc y el cese definitivo del fuego bilateral en Colombia.
Las Farc y el gobierno han cerrado parcialmente cuatro de los seis puntos de la negociación: problema agrario (origen del enfrentamiento), cultivo y tráfico de drogas ilegales, reparación de las víctimas y participación política de los guerrilleros una vez que depongan las armas.
Quedan por definir el fin del conflicto -que incluye el desarme de la guerrilla- y la implementación y refrendación de los convenios.
El conflicto colombiano, que comenzó como una sublevación campesina hace más de medio siglo, deja unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados.
