Ni abuso de la mayoría opositora, ni interpretaciones un tanto apresuradas de la Constitución son algunas de las alternativas que enfrenta hoy Perú, donde el presidente Martín Vizcarra abrió una crisis de poderes tras clausurar el Congreso.
«El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros (…)», dice en su artículo 134 la Constitución de 1993.
El primero de octubre, Vizcarra disolvió la Asamblea legislativa luego de que ese organismo rechazara una cuestión de confianza, presentada por el Gobierno para cambiar el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC), máximo ente judicial de ese país.
En consecuencia, el Congreso suspendió al mandatario por 12 meses, y nombró en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
Vizcarra, un abogado constitucionalista que lanzó una cruzada contra la corrupción, aceptaba que la Asamblea legislativa -dominada por el fujiforismo y sus aliados de la derecha- eligiera a seis de los siete integrantes del TC, bajo una rigurosa elección.
«La falla de Vizcarra es interpretar tácitamente que habían votado en contra del pedido de confianza, y eso es una cosa muy forzada porque la Constitución es muy clara. El pedido de confianza se debate y se vota en la misma sesión, o en la siguiente, y no había habido una votación», dijo a BBC Mundo Fernando Calle Hayen, ex magistrado del Tribunal Constitucional de Perú.
Sin embargo, Calle Hayen rechazó comparar la decisión de Vizcarra con el «autogolpe» que dio el ex presidente Alberto Fujimori en 1992, apoyado por las fuerzas armadas. Hoy, el ex mandatario cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Su hija Keiko, líder de Fuerza Popular, agrupación que controla el unicameral Congreso peruano con sus aliados conservadores, cumple 18 meses de prisión preventiva mientras es investigada por la presunta comisión de lavado de activos.
Se cree que recibió dinero ilegal para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, incluido un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.
En Perú hay cuatro ex presidentes que son investigados por la Fiscalía, Alejandro Toledo; Alan García (se suicidó el 19 de abril de 2019), Ollanta Humala y Pedro Kuczynski, acusados de recibir sobornos de Odebrecht,
El ex magistrado Calle Hayen no fue el único que criticó a Vizcarra; también lo hizo la cúpula empresarial privada, a través de la organización Confiep, que acusó al mandatario de violar la Constitución y el sistema democrático. Además, varios líderes del Congreso calificaron la medida como un «golpe de Estado».
Vizcarra, no obstante, recibió el respaldo de la cúpula de las fuerzas armadas.
«La crisis demuestra, una vez más, que la fuerza política que responde al ex presidente Fujimori, y ahora también al liderazgo de su hija Keiko, sigue siendo relevante para explicar la política peruana actual», dijo a Télam Facundo González Sembla, miembro del Congreso Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).
Para este profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA), la crisis de poderes que se presentó en Perú «está profundamente ligada a las investigaciones de la trama de corrupción que unía a Odebrecht con buena parte de la clase política peruana».
De todos modos, la supuesta maniobra fracasó por la renuncia de Aráoz.
Evidentemente, la vicepresidenta adoptó esta decisión luego del pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que dejó en manos del TC la decisión última de cerrar el Congreso peruano.
Tras recibir el apoyo de buena parte de la comunidad internacional, Vizcarra tomó juramento a los miembros de su nuevo gabinete. Pero la oposición tampoco se quedó quieta: trató de oficializar la designación de un juez que le daría una mayoría estratégica en el TC.
Además, pidió la anticipación de las elecciones generales, convocadas por Vizcarra para el 26 de enero.
En la región hay otros casos polémicos de disolución del Congreso, como el del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien reemplazó por decreto la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por una Asamblea Nacional Constituyente hecha a su medida política, a mediados de agosto de 2017.
Sin embargo, varios países desconocieron esta decisión del mandatario chavista, entre ellos el Grupo Andino y la Unión Europea.
