Tras la puesta en libertad de las últimas personas detenidas en relación con el operativo policial desplegado el miércoles contra el referéndum de secesión de Cataluña, la Fiscalía denunció hoy por «sedición» a los organizadores de las protestas callejeras en defensa de la votación, en un nuevo giro represivo que pretende sofocar a los independentistas.
«Quieren que tengamos miedo, pero somos imparables», clamó hoy Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) al intervenir esta tarde ante cientos de manifestantes concentrados frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a los que pidió seguir adelante, ya no con las protestas en la calle, sino promoviendo la campaña del referéndum.
«En algo la Fiscalía tiene razón: incitamos a la movilización permanente, pero pacífica, porque no tenemos miedo», dijo por su parte Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, la otra gran organización civil detrás del movimiento independentista.
“Que nadie lo dude, este fin de semana y hasta el 1 de octubre el pueblo de Catalunya saldremos a pegar tantos carteles, pancartas y banderas como nos dé la gana. Nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer», añadió.
La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España -máxima instancia penal-, apunta a los responsables de la ANC y Òmnium, quienes promueven y apoyan las movilizaciones en respaldo del referéndum unilateral de secesión, que fue prohibido por la Justicia.
El Código Penal español castiga por sedición en su artículo 544 con hasta 15 años de cárcel a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes», o para «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
En su escrito, el Ministerio Público relata los «incidentes» que se produjeron el pasado miércoles 20 de septiembre, cuando miles de independentistas se concentraron frente a la sede del Departamento de Economía catalán, donde la Guardia Civil española realizaba un allanamiento en el marco de un operativo contra los responsables de las logística del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional por ilegal.
Según el Ministerio Público, durante la concentración, «individuos que no pudieron ser identificados», pincharon las ruedas de coches de la Guardia Civil, mientras «voluntarios de la ANC» impidieron que los agentes abandonaran el edificio con las personas detenidas.
La querella detalla cómo tanto el presidente de la ANC como el de Òmnium instaron a los manifestantes a una «movilización permanente», «a favor del referéndum» y «contra las actuaciones para impedirlo»
La denuncia de la Fiscalía, que debe ser analizada por el juez Ismael Moreno, fue presentada unas horas después de que fueran libertadas las últimas seis personas que permanecían arrestadas en relación con el operativo del miércoles, que se saldó con 14 detenidos y que disparó la concentración multitudinaria de independentistas.
Todos los altos cargos catalanes quedaron en libertad, pero imputados de delitos de malversación, desobediencia y prevaricato, informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
A su salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, los dirigentes fueron vitoreados por cientos de manifestantes que se habían concentrado desde esta mañana en el lugar para brindarles apoyo, entre gritos de ¡Votaremos!», «Fuera, fuera, fuera, la justicia española», «No están solos» y «Detenidos libertad».
«Amigos y compañeros que han sido liberados después de una detención injusta y abusiva: vuestra dignidad es su vergüenza», escribió el presidente catalán, Carles Puigdemont, en su cuenta oficial de Twitter.
Entre los liberados se encuentra el «número dos» del Departamento de Economía catalán, Josep Maria Jové, quien hoy fue destituido de su cargo en un acto de solidaridad del gobierno, para evitar que tuviera que pagar una multa de 12.000 euros diarios dictada por el Tribunal Constitucional español, debido a que desobedeció sus dictámenes al constituir la administración electoral.
Por el mismo motivo, también renunciaron los integrantes de la Sindicatura Electoral que crearon los independentistas para velar por el referéndum, quienes también debían asumir el pago de multas.
Puigdemont pidió ayer a los catalanes que sigan defendiendo el referéndum, al tiempo que intentó despejar cualquier duda acerca de si su gobierno podrá llevarlo a cabo tras el golpe policial a la logística de la votación afirmando que tiene previstos «planes de contingencia para garantizarlo»
Pero mientras el gobierno catalán intenta sortear los obstáculos y la coerción del Ejecutivo de Madrid para evitar que el referéndum del 1 de octubre se lleve a cabo, en las calles se reproducen las protestas. Unos 3.000 estudiantes universitarios tomaron hoy el emblemático edificio de la Universidad de Barcelona en defensa de las «libertades».
«A la vista de las movilizaciones tumultuarias, el gobierno decidió desplazar a Cataluña a diferentes refuerzos. La deriva de la situación en Cataluña deja claro que este referéndum se ha convertido en el de la CUP: antisistema, anticapitalista y antipatriarcal, como ellos dicen», dijo hoy el vocero del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
El ministerio del Interior español había comunicado ya al departamento de interior catalán la decisión de desplazar a Cataluña «unidades de refuerzo» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En plena escalada de la tensión por el conflicto secesionista, cerca de 6.000 agentes de las fuerzas de seguridad españolas fueron desplazados a Cataluña. La policía catalana, por su parte, cuenta con cerca de 17.000 efectivos.
