Bajo el contexto de las próximas elecciones presidenciales en Bolivia que se llevarán a cabo en 2019, el actual presidente Evo Morales planifica su campaña para una nueva reelección.
No obstante, no será simple el camino hasta ellas porque desde redes asociadas al denominado Proyecto Democracia (operación llevada adelante por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, financiada por la Fundación Nacional para la Democracia), procuran que el primer mandatario no sea candidato bajo el pretexto de que desde su gobierno se ha pisoteado la democracia y se violan constantemente los derechos humanos.
Según informó el portal Larouche Pac, también los “elementos que forman parte de las fuerzas armadas bolivianas se han unido a esta campaña, difundiendo la mentira de que Morales ha fomentado la corrupción y la falta de profesionalismo en el ejército”.
En ese sentido aclara que Morales ignoró el referendo de febrero de 2016 por el que se podía modificar la Constitución para ser nuevamente candidato en el que había perdido por estrecho margen.
En esa ocasión fue debido “gracias a una campaña difamatoria financiada por las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras y sus aliados en los medios de comunicación, pero más adelante el Tribunal Constitucional de Bolivia invalidó los resultados”.
Más adelante, indica que “esto está provocando una furia enorme entre los grupos promotores de la ‘democracia’, que promueven más bien los cambios de régimen y golpes de Estado contra cualquiera que la City de Londres y Wall Street consideren inaceptables”.
Por otra parte, el Instituto Interamericano por la Democracia que comparte puntos de vista con la Fundación Atlas y de la Sociedad Mont Pelerin tuteladas por Londres, acusa al presidente sudamericano de preseguir y encarcelar a opositores, por lo que instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue la situación.
Por otra parte, el competidor en las presidenciales de 2005, “Tuto” Quiroga, agita las aguas con la posible emisión de un pronto fallo del área de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, como así también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, que tildaría de “tiranía” al gobierno de Morales.
