La Cámara de Diputados de Chile aprobó hoy en general el proyecto destinado a convocar para el 26 de abril de 2020 a un plebiscito en el que los ciudadanos digan si quieren una nueva constitución y, en ese caso, qué mecanismo deberá utilizarse para elaborarla, informó la prensa local.
La puesta en marcha del proceso constitucional fue habilitada poco más de un mes después de que varios partidos firmaran el “Acuerdo por la paz y una nueva constitución” y al cumplirse dos meses exactos del inicio del estallido social que sacudió al país.
La iniciativa fue aprobada esta tarde con 127 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones. Los diputados iniciaron luego la votación en particular del articulado y una vez cumplido este trámite el proyecto sería remitido al Senado para su revisión, según el diario El Mercurio y las radios Bío Bío y Cooperativa.
La votación en general se produjo al cabo de más de siete horas de debate y poco después de que la sesión fuera interrumpida por una manifestación de feministas descontentas con el rechazo de los diputados a la inclusión de cuestiones de paridad de género y cuotas para los pueblos indígenas en el proyecto.
Concretamente, lo que Diputados aprobó es la reforma al capítulo XV de la Constitución, que permite el llamado al plebiscito y la realización del proceso constituyente para una nueva carta magna.
El trámite parlamentario que abre la puerta al plebiscito del 26 de abril, que preguntará a los chilenos si desean o no una nueva Constitución y el mecanismo para su redacción, requería dos tercios de los votos de los diputados.
La reforma elaborada por la comisión técnica, corregida y visada por los presidentes de los partidos que rubricaron el acuerdo, ya había sido aprobada en la comisión constitucional de la cámara baja.
La nueva constitución es el reclamo central de la ola de multitudinarias movilizaciones ciudadanas iniciada el 18 de octubre por el alza de las tarifas del transporte público.
Las protestas crecieron exponencialmente con el correr de los días con demandas en principio difusas, pero que terminaron centrándose en la exigencia de una carta magna como requisito para modificar desde sus raíces el modelo institucional chileno.
Las manifestaciones dejaron una veintena de muertos, cerca de 3.000 heridos y más de 300 personas con traumas oculares, además de cientos de denuncias de torturas y otras violaciones de derechos humanos, según datos oficiales, y una tasa de desaprobación al presidente Sebastián Piñera de 80%, según los últimos sondeos.
