El gobierno socialdemócrata rumano celebró hoy una sesión extraordinaria para anular el decreto ley que despenaliza ciertos delitos de corrupción, cuya aprobación había generado la mayor oleada de protestas en el país balcánico desde la caída del comunismo, en 1989.
Pese al derogación del decreto, cientos de miles de rumanos volvieron hoy a manifestarse y reclamaron que la suspensión de la polémica norma no era suficiente, demandando la renuncia del gobierno socialdemócrata, informó la agencia de noticias EFE.
Por sexto día consecutivo, los manifestantes lanzaron lemas como «Queremos que nos escuchen, no que nos mientan» o «Lo han conseguido, nos han unido» en la plaza que está frente a la sede del gobierno, entre silbidos, banderas y el sonido de vuvuzelas.
«Queremos que dejen de aprobar leyes que les beneficien, no nos conformamos con la retirada del decreto», explicó a EFE Ciprian Todita, un informático de 34 años.
Después de firmar la derogación, el primer ministro, Sorin Grindeanu, aclaró ante las cámaras que no dará un paso al costado.
«No dimitiré, ganamos las elecciones con millones de votos», declaró ante el canal de televisión Antena3, y recordó que en diciembre el Partido Socialdemócrata (PSD) venció con el 45% de los votos los últimos comicios legislativos.
Al caer la noche, los manifestantes ya superaban los 200.000 y los principales medios locales pronosticaron que se irán sumando personas en las próximas horas, especialmente muchas que llegarían de otras ciudades como Cluj-Napoca e Iasi.
Cuando empezaron a juntarse los primeros manifestantes frente a la sede del gobierno esta tarde, el premier Grindeanu aseguró ante los medios que no quiere que la sociedad rumana se divida y añadió que negociará con la oposición un nuevo proyecto de ley que cuente con el máximo respaldo posible.
La ola de protestas comenzó luego que el martes pasado el gobierno aprobrara por vía de urgencia un decreto ley que despenalizó los casos de corrupción si causaban pérdidas al Estado menores a 44.000 euros.
Esta modificación penal iba a acompañada de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción. El gobierno había justificado esta medida como una forma de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.
Pese a sus argumentos, el decreto generó de inmediato una ola de repudios y protestas.
La oposición, el presidente Klaus Iohannis, la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y países como Alemania y Francia criticaron duramente el decreto impulsado por el Partido Socialdemócrata, fuerza que se impuso de forma holgada en las elecciones del pasado diciembre.
Desde su cuenta de Facebook, el sitio RT transmitió imágenes en directo:
