El gobierno nacional de Turquía suspendió y reemplazó hoy a los alcaldes de las tres ciudades más importantes de la región sureste, donde se concentra la minoría kurda, todos dirigentes del segundo partido de la oposición investigados por supuestos «vínculos con terroristas».
Los tres alcaldes suspendidos pertenecen al Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la fuerza de izquierda más importante del país y la tercera bancada en el Parlamento nacional tras obtener 12% de los votos en las últimas elecciones.
El HDP reúne a las principales fuerzas kurdas y el Gobierno del presidente Recep Erdogan los acusa de ser aliados de la mayor guerrilla kurda del país, el Partido de Trabajadores del Kurdistán (PPK), al que califica como terrorista.
El Ministerio del Interior turco informó hoy en un comunicado que los alcaldes de Diyarbakir, Mardin y Van suspendidos están involucrados en numerosas investigaciones judiciales por «propaganda terrorista», según reprodujo la cadena de noticias local NTV.
El ministerio defendió sus acusaciones al recordar que los alcaldes «asistieron a funerales de terroristas», sustituyeron nombres nacionalistas de calles o plazas con los de personas en prisión y cantaron himnos kurdos que también entonan los milicianos del PKK, informó la agencia de noticias EFE.
El medio mostró que el Gobierno ejecutó la suspensión y la remoción de los alcaldes con un masivo despliegue policial en la madrugada.
Primero rodearon las sedes de gobierno municipal y luego, cuando ya controlaban todas las salidas y entradas, le informaron a los alcaldes que serían reemplazados y debían abandonar el cargo.
En paralelo, la policía lanzó redadas en 29 provincias del país para detener a supuestos «simpatizantes del PKK» y, según la agencia de noticias estatal Anadolu, arrestó a 418 personas, la mayoría en las ciudades de Diyarbakir, Mardin y Van.
Para el HDP, la suspensión y remoción de los alcaldes fue «un claro golpe de Estado político» y «un gesto claramente hostil contra la voluntad política del pueblo kurdo».
En un comunicado, el partido opositor acusó al Gobierno de «usurpar la voluntad popular y de arrebatarle mediante la violencia estatal, la fuerza y el engaño lo que no pudo ganar en las elecciones».
