El Grupo de Puebla repudió lo que consideró el «golpe de Estado» en Bolivia que forzó la renuncia del presidente Evo Morales, responsabilizando a «la oposición que optó por la intransigencia, la radicalización y la ruptura democrática», y expresó su «solidaridad con el pueblo boliviano» y con el mandatario dimitente.

«Una vez más, la Constitución y el Estado de derecho de Bolivia fueron violados interrumpiendo un mandato constitucional», dijo el grupo integrado por dirigentes y mandatarios de países de América Latina que deliberó ayer y hoy en esta capital.

«Los graves hechos ocurridos en los últimos días se intensificaron en Bolivia. Fuerzas de la oposición desencadenaron movilizaciones políticas acompañadas de actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente elegidas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a cabo un golpe de estado y forzar la renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García-Linera, legal y democráticamente elegidos», añadió en un comunicado.

La organización había emitido un documento con sus conclusiones poco antes de conocerse la renuncia de Morales y, previamente, otro de apoyo a Morales, por lo que debió efectuar un nuevo debido a la novedad de la dimisión.

Explicó el Grupo que «todas las iniciativas de diálogo y negociación ofrecidas por el Gobierno del presidente Evo Morales fueron rechazadas. Las recomendaciones de la OEA de una nueva contienda electoral fueron aceptadas por el Presidente Morales, dirigidas al Parlamento boliviano, incluso con la recomendación de una renovación completa de los órganos electorales y la posibilidad de contar con nuevas candidaturas».

«Pero la oposición optó por la intransigencia, la radicalización y la ruptura democrática, abriendo un grave antecedente de un nuevo golpe de estado en la larga historia de interrupciones democráticas en el país». Particularmente grave fueron los comportamientos ilegales e irresponsables de las fuerzas policiales y, finalmente, de las propias fuerzas armadas que acompañaron al golpe», alertó.

En este contexto, el Grupo de Puebla expresó «su solidaridad con el pueblo boliviano, su presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García-Linera y con todos los funcionarios que impulsaron políticas públicas de inclusión social, reducción de la pobreza y la desigualdad y de participación ciudadana».

Y al mismo tiempo exigió «el respeto a la integridad física de todos y cada uno de los miembros del Gobierno, autoridades locales, militantes, líderes sociales y sus familiares. Es inaceptable la violencia a la que ya muchos fueron sometidos».

«Nos solidarizamos con el pueblo hermano de Bolivia en estas horas de sufrimiento y reclamamos la continuidad del proceso electoral transparente y sin restricciones», dijeron los dirigentes, y agregaron que «exigimos a los Órganos Internacionales de Derechos Humanos garantizar el esclarecimiento de los actos de violencia cometidos, el juicio y castigo a los responsables, y el restablecimiento del orden, la paz, la convivencia social y la democracia en Bolivia».

El documento fue firmado por Celso Amorim, Karol Cariola, Julián Domínguez, Marco Enríquez-Ominami, Camilo Lagos, Clara López, Esperanza Martínez, Alejandro Navarro, Aloizio Mercadante, Carlos Ominami, Gabriela Rivadeneira, Carlos Sotelo, Jorge Taiana y Carlos Tomada.