El juez Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato, dispuso el remate público del departamento que le atribuyó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa en la que fue condenado a 12 años y un mes de prisión y que puede inhabilitarlo para participar de elecciones de octubre próximo en Brasil.
Moro, con esta decisión, chocó con una jueza de Brasilia que había embargado el inmueble en cuestión en una causa por la quiebra fraudulenta de la empresa constructora OAS, quien figura como propietaria del triplex ubicado en la playa de Guarujá.
El magistrado había condenado en julio pasado a Lula a 9 años y seis meses de cárcel, pero esa pena fue aumentada el miércoles pasado por la cámara de apelaciones de Porto Alegre.
Moro pretende entregar el dinero de la subasta a la «víctima del proceso», como escribió al referirse a la empresa Petrobras.
El juez escribió que el departamento «pertenece oficialmente a OAS pero el dueño de facto es Lula».
El departamento, de tres plantas, está situado en el balneario de Guarujá, en el estado de San Pablo. Según Moro y los tres camaristas, el líder opositor recibió el inmueble como soborno por parte de OAS por favorecer contratos con la petrolera estatal Petrobras.
«El inmueble fue indebidamente embargado, pues lo que es producto de crimen está sujeto a secuestro o confisco y no al embargo», resaltó Moro en su fallo.
Esta es la primera condena del ex presidente en la Operación Lava Jato: el juez Moro debe emitir sentencia en marzo o abril por otro caso, un supuesto vínculo con la constructora Odebrecht, que según la causa había buscado comprar un terreno para el Instituto Lula.
Lula acusa a la Operación Lava Jato de perseguirlo para inhabilitarlo en las elecciones, debido a que una condena en segunda instancia lo dejará expuesto a la llamada ley de la Ficha Limpia.
Tras la condena, al ex presidente le fue prohibido de salir de Brasil por parte del juez de Brasilia Ricardo Leite, que lo investiga en una causa presentada por la fiscalía por tráfico de influencias.
Lula dijo que existe una «dictadura de parte del poder judicial» que instaló un «clima de terror».
El ex mandatario debe presentar los últimos recursos ante el tribunal de Porto Alegre, que una vez resueltos deberá dar lugar en unos 40 días a la orden de prisión emitida por los camaristas.
