El colombiano Henry López Londoño, alias Mi Sangre, extraditado hace dos años desde la Argentina, fue condenado en Miami a 31 años de prisión por conspirar para ingresar y distribuir cocaína en Estados Unidos.
La sentencia estuvo a cargo del juez Donald Graham, de la Corte del Distrito Sur del estado Florida, que descartó la acusación de obstrucción a la justicia y el pedido de prisión perpetua hechos por la fiscalía.
Antes, el magistrado había rechazado una propuesta de acuerdo presentada por la defensa del reo, que aspiraba a que la condena a prisión se limitara a 17 años.
Las autoridades consideran que Mi Sangre participó en el ingreso a Estados Unidos de unas 60 toneladas de cocaína entre 2007 y 2012. Arturo Hernández, vocero de la defensa de Mi Sangre, dijo a la emisora colombiana W Radio que, a los efectos del cumplimiento de la sentencia, el juez reconocerá varios de los años que el reo estuvo detenido.
Eso, “sumado a un quince por ciento de reducción adicional por buena conducta, podría terminar en veinte años de cárcel para Henry”, agregó Hernández.
Mi Sangre formó parte de la Oficina de Envigado, un grupo armado al servicio de carteles narcotraficantes del noroeste de Colombia y luego se enroló en organizaciones paramilitares. Cuando los paramilitares se desmovilizaron, Mi Sangre se unió a Los Urabeños, un grupo de fachada antiguerrillera que reunía a narcotraficantes y ex paramilitares.
Más tarde, bajo la identidad falsa de un supuesto constructor venezolano, se mudó a la Argentina, donde el 30 de octubre de 2012 fue detenido por la Policía en el partido bonaerense de Pilar.
La captura fue posible luego de que autoridades colombianas implantaran un chip de seguimiento a una caja con disfraces para Halloween que había pedido a parientes en Colombia. Pese a que interpuso varios recursos judiciales, realizó campañas de prensa y hasta recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitarlo, en 2016 fue extraditado a Estados Unidos.
Una vez procesado en Estados Unidos, Mi Sangre dijo al juez que violó la ley en cumplimiento de labores de informante de la Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional norteamericanos, pero el fiscal afirmó que el reo nunca fue autorizado por esos organismos.
