El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, quiere conceder una amnistía a miles de residentes ilegales que viven hace más de 10 años en el país, tras el escándalo de los inmigrantes caribeños conocidos como la «generación Windrush».
A muchos de estos inmigrantes que llegaron a Gran Bretaña en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se los despojó de sus beneficios y fueron amenazados con la deportación.
Por el escándalo, la primera ministra Theresa May debió pedir disculpas a los líderes caribeños durante la cumbre de la Commonwealth, que se celebró la semana pasada.
Según el Daily Telegraph, durante la última reunión de gabinete, celebrada ayer, Johnson instó a la líder británica para que presente la propuesta para aquellos de la Commonwealth y otras naciones.
El ministro sostiene que se trata de una amnistía «más amplia» que cubre a personas que han vivido en el Reino Unido durante más de 10 años y no tienen antecedentes penales.
Por su parte, el líder de la oposición, el laborista, Jeremy Corbyn, pidió hoy la renuncia de la ministra del Interior, Amber Rudd, por considerarla responsable de las dificultades que enfrenta la «generación Windrush».
Calificó la política de inmigración del Ministerio del Interior como «cruel y mal gestionada».
De acuerdo con el diario The Guardian, están aumentando los casos de maltrato en el Ministerio del Interior a ciudadanos no caribeños nacidos en la Commonwealth, lo que indica que es probable que el problema se extienda más allá de la «generación Windrush».
Las organizaciones benéficas de inmigración y los diputados informaron que esta semana se conocieron numerosos casos nuevos de personas de países como Kenia, Chipre y Canadá.
Tal es el caso de Margaret O’Brien, una mujer discapacitada de 69 años, que se trasladó al Reino Unido desde Canadá en 1971.
Según relató la mujer al diario, luchó durante dos años para convencer al Ministerio del Interior de que creyera que ella estaba viviendo en el Reino Unido legítimamente.
Incluso, dijo que hasta fue amenazada con ser deportada a Canadá, donde no tiene familiares y contó que sus beneficios por sus discapacidad fueron suspendidos.
Una lesión en la columna vertebral hace unos años significó que tuvo que abandonar su trabajo, lo que la llevó a solicitar beneficios por primera vez. En 2015, le dijeron que sus pagos por discapacidad habían sido suspendidos porque ella era una inmigrante ilegal.
O’Brien recibió una carta del Ministerio del Interior donde le indicaban que no tenía permiso para estar en el Reino Unido y debía irse del país lo antes posible.
Si ella decidía quedarse, la carta le advertía que su vida en el Reino Unido iba a ser cada vez más difícil, podría ser detenida y procesada teniendo que enfrentar una posible sentencia de prisión de seis meses.
