El Senado italiano debatía este jueves si avala el envío a juicio del líder de la derechista Liga y ex vicepremier, Matteo Salvini, por un supuesto caso de «secuestro de personas» en 2019, cuando era ministro del Interior y demoró el desembarco de 150 inmigrantes de un barco de rescate.
La Cámara Alta debe definir si quita la inmunidad parlamentaria y avala el proceso contra Salvini por el caso del barco de la ONG española Open Arms, con más de un centenar de personas que fueron retenidas a bordo por el entonces vice premier y que finalmente desembarcaron en el puerto siciliano de Lampedusa.
«Haría lo mismo si vuelvo al Gobierno», se defendió Salvini hoy al justificar la política de puertos cerrados que impulsó durante su gestión de vicepremier y ministro del Interior entre junio de 2018 y agosto de 2019.
Durante la investigación del Senado, Salvini basó su estrategia en que la decisión de frenar los desembarcos había sido tomada de forma coordinada con el entonces premier, Giuseppe Conte, que continúa en el cargo.
«Actué en defensa de mi país y lo que hice fue con Conte. Lo hecho estaba en el programa de Gobierno, no creo que sea un error o un delito», se defendió Salvini.
En el caso del Open Arms, el entonces gobierno italiano tardó 19 días en responder el pedido del barco de la ONG española, que pedía desembarcar en un puerto italiano con las personas que había rescatado en el Mar Mediterráneo.
Luego de varias negativas de Salvini, la fiscalía de Agrigento, a cargo de Luigi Patronaggio, actuó con un operativo médico para constatar la mala situación de las personas a bordo y forzó el desembarco.
Patronaggio es quien impulsa ahora el proceso contra Salvini por considerar que hubo un «secuestro de personas» en perjuicio de las personas inmovilizadas a bordo.
En caso de avanzar el proceso, Salvini enfrenta una condena de hasta 15 años de prisión.
El ex vicepremier ya enfrentó otros pedidos de envío a juicio por sus políticas migratorias, uno de los cuales fue rechazado y el otro iniciará el 3 de octubre, luego de que el propio líder derechista pidiera a sus senadores que avalaran la quita de inmunidad para poder defenderse en juicio.
