MARTES, 20 DE OCT.

El Tribunal del Mar fijó fecha para tratar el reclamo de la Argentina contra Reino Unido en Malvinas

La Suprema Corte con sede en Hamburgo en Alemania puso en marcha el marco procesal para resolver el conflicto sobre el proyecto petrolero de Sea Lion, en la cuenca norte de las Islas Malvinas, que mantiene en máxima tensión a las dos naciones.

 

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) estableció este martes las fechas del 10 y 11 de noviembre para las audiencias orales del caso iniciado por la Argentina contra el Reino Unido por la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto Sea Lion.

A través de una orden firmada por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, la Suprema Corte con sede en Hamburgo en Alemania, puso en marcha el marco procesal para resolver el conflicto sobre el proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas, mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.

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Una decisión favorable a Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido. Una vez constituido, el tribunal arbitral del Anexo VII podrá mantener, modificar o dejar sin efecto las medidas provisionales.

Argentina pide que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación petrolera en la zona, que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa.

De este modo, la orden del juez Kamga formaliza un procedimiento que comenzó el pasado 28 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) e hizo que se notificara formalmente a Londres. La advertencia fue explícita: si en dos semanas no se frenaba la explotación, Argentina acudiría a Hamburgo.

Dicho plazo venció el 12 de octubre sin modificaciones en la postura del Reino Unido. Por su parte ante la negativa británica, el canciller Pablo Quirno formalizó la solicitud ante el ITLOS, apoyada en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar, que permite pedir medidas provisionales cuando aún no se ha constituido el tribunal arbitral y la urgencia de la situación lo exige.

El yacimiento en disputa se ubica a 107 millas náuticas (unos 198 kilómetros) al norte de Malvinas, sobre un área de 541,40 km² dentro de la licencia PL032. La operación está liderada por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Ambas tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y fijaron como meta el inicio de la producción en el primer trimestre de 2028.

Según el reporte trimestral de Navitas del 24 de agosto de 2026, la campaña de perforación de la fase 1 de Sea Lion «se espera que comience a principios de 2027». Rockhopper confirmaba el mismo día que los trabajos en las islas avanzaban según lo previsto, con la preparación de muelles, alojamientos e infraestructura para la llegada del equipo de perforación. El reporte de flota de julio de 2026 de Noble Corporation registraba que la plataforma semisumergible Noble Endeavour iniciaría operaciones en «Sudamérica» en enero de 2027.

De acuerdo a que consta en la presentación formal presentada por la Argentina, contempla 23 pozos terminados distribuidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina anclada al lecho dentro de una zona de exclusión de 500 metros y un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) con una zona de exclusión de 1.275 metros de radio.

Durante las audiencias de noviembre, los jueces deberán determinar si existen fundamentos jurídicos y condiciones de urgencia suficientes para ordenar restricciones temporales sobre las operaciones vinculadas con Sea Lion. El procedimiento no resolverá directamente la soberanía sobre las islas, sino las obligaciones marítimas y ambientales planteadas por Argentina mientras avanza el arbitraje internacional correspondiente.

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