El ex miembro del gobierno catalán Santi Vila fue liberado hoy tras permanecer menos de 24 horas en prisión, después de depositar la fianza de 50.000 euros que se le impuso al ser encarcelado junto con otros ocho políticos acusados de rebelión, sedición y malversación por pretender consumar la secesión de Cataluña.
«Estar privado de libertad es una situación muy extrema, desgarradora», dijo Vila a la prensa al abandonar la prisión madrileña de Estremera pasada las 14 hora local (10 de Argentina).
Subrayó que la medida de prisión preventiva adoptada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela es «desproporcionada» y llamó a los partidos de España «con un sentimiento democrático» que intercedan para poner fin a esta situación tan terrible que acaba con políticos encarcelados».
También apeló directamente al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a quien pidió que «tome cartas en el asunto» porque, apuntó, esto «solo lo resolveremos desde la política».
Sin embargo, lo previsible es que en las próximas horas la misma magistrada emita una orden de detención internacional contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro ex miembros de su gobierno que están en Bruselas y ayer no acudieron a la citación judicial en la que debían declarar por la misma causa, dijeron a Telam fuentes judiciales.
Tras la declaración de los nueve miembros del gobierno catalán que sí acudieron a declarar, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, dictó prisión sin fianza para ocho, todos menos Santi Vila, para quien fijo prisión eludible con una fianza de 50.000 euros en efectivo.
La jueza considera que Vila jugó un papel activo impulsando el proceso de secesión junto con el resto del gobierno catalán, pero a diferencia de los otros investigados, no aprecia un riesgo de reiteración delictiva ya que dimitió el día antes de la proclamación de la independencia, poniendo de manifiesto su «voluntad contraria» a la secesión.
El abogado del ex consejero, Pau Molins, depositó el dinero esta mañana, tras lo cual la jueza decretó su excarcelación, aunque quedará sometido a otras «medidas aseguradoras» como la prohibición de salir del territorio español, presentación del pasaporte, y comparecencia cada quince días en el juzgado más cercano a su domicilio.
Por lo tanto, después de pasar la noche en la prisión madrileña de Estremera junto al resto de políticos catalanes, Vila salió en libertad.
La decisión judicial de enviar al depuesto gobierno catalán a prisión amenaza con dinamitar el intento del gobierno español de que los comicios sirvan para devolver la «normalidad» a la norteña región, inmersa en un conflicto de secesión que abrió la peor crisis política e institucional en 40 años de democracia en España. Vila, quien representa al «sector moderado» del PDeCAT (Partido Demócrata Europeo Catalán), al que también pertenece Puigdemont, había anunciado que se presentará como candidato a la presidencia de Cataluña en las elecciones convocadas por el Ejecutivo español para el 21 de diciembre en el marco de su intervención en la región.
La gran incógnita es si su partido reeditará la coalición electoral con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), después de que su líder Oriol Junqueras apostara por ir separados. La coordinadora del PDeCat, Marta Pascal, en cambio, abogó hoy por una «lista única» para reclamar la libertad del «gobierno encarcelado» y para que haya una «candidatura rotundamente en contra del gobierno de Mariano Rajoy».
Horas después de que se emitiera la orden de ingreso a prisión de los miembros de su gobierno destituido, Puigdemont envió un mensaje desde Bruselas a través del canal regional TV3, en el que calificó la decisión de la jueza de «golpe a las elecciones del 21 de diciembre», que, según dijo, se harán «en un clima de represión y encarcelamiento».
El ex presidente volvió a pedir ayuda a la Unión Europea (UE) y llamó a los catalanes a «combatir sin violencia» la «represión larga y feroz» del Estado español. Los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos por los que se investiga al ex gobierno catalán tras la declaración de independencia del pasado 27 de octubre conllevan penas de hasta 25 años de cárcel, según afirmó la resolución judicial de Lamela.
Por otro lado, la Sala en lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó hoy los recursos de las defensas de los líderes secesionistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de las organizaciones civiles Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural respectivamente, contra la decisión de Lamela de enviarlos a prisión por un presunto delito de sedición, en relación a una investigación por el referéndum de secesión del 1 de octubre.
Miles de catalanes exigen la liberación de los dirigentes encarcelados
