Estudiantes chilenos ocuparon sus universidades y colegios para por primera vez exigir el fin de la violencia machista y abogar por una «educación no sexista».

«Hermana, yo sí te creo». Un enorme cartel en el frontis de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile en Santiago da la bienvenida a la inédita ocupación de la escuela de abogacía más antigua e importante del país, donde el machismo, según denuncian sus estudiantes, está arraigado desde hace décadas.

Desde hace dos semanas, sus estudiantes han tomado las dependencias de esta facultad, formadora de los juristas más prestigiados del país, alegando la dilación en la resolución de una denuncia de acoso sexual en contra de uno de sus profesores.

Siguiendo una «toma» similar en la Universidad Austral que había arrancado una semana antes, una multitud principalmente de estudiantes mujeres bloqueó con sillas los accesos a la facultad, paralizaron las clases, restringieron el libre acceso a la escuela y organizan cada día una serie de actividades para reflexionar sobre los alcances del feminismo.

«Esto es algo que alguna vez iba a explotar», dijo Nelly Díaz, una de las voceras de la toma, que entre sus actividades tenía planificado talleres de «Expresión corporal para una autonomía feminista» o «Retrato feminista», junto a un «Conversatorio antiespecista» y cursos de «Autodefensa feminista» y «Ginecología natural».

El caso que cristalizó esta campaña es una denuncia de abuso sexual en contra de un profesor y expresidente del Tribunal Constitucional de Chile.

La denuncia fue presentada en agosto del año pasado por una alumna que trabajaba con él en su estudio privado, sin que hasta ahora la universidad haya adoptado algún tipo de sanción. En este tiempo, el profesor siguió dando charlas y se le asignaron cátedras, según denuncias de alumnas.

La Comisión de Educación y Cultura del Senado convocó para el próximo 16 de mayo a representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), del Consejo de Rectores de Chile (Cruch) y de universidades regionales y privadas para analizar «qué está pasando y cómo podemos contribuir a resolver este clima de inseguridad».