La crisis institucional peruana abrió otro capítulo en el día de ayer, al encontrarse con la renuncia de Mercedes Aráoz, quien había tomado juramento como presidenta interina minutos después del retiro de «voto de confianza» a Martín Vizcarra por parte del Congreso nacional.
Con esto, la mayoría fujimorista en el parlamento, el cual carece de poder real después de la suspensión dictada por el presidente Vizcarra, ha quedado sin candidatos aparentes para la jefatura de gobierno, ya que el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, se negó a sucederla argumentando que no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Aráoz anunció su renuncia a la presidencia a través de una publicación en su cuenta personal de Twitter, alegando que «se ha roto el orden constitucional en el Perú» y espera que su renuncia «conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país». Por otro lado, en el comunicado adjunto la congresista aclara que «ante la invocación de la Organización de Estados Americanos para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el señor Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República consideró que no existen las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República».
Olaechea argumentó si bien Aráoz renunció al cargo al cual la habían proporcionado, «el Congreso tiene hoy congresistas que han jurado para cinco años de manera irrevocable. Hay una serie de contradicciones que hoy día se están dando y se están tomando atribuciones y causas que no están siendo justificadas».
¿Qué es la «cuestión de confianza»?
El «voto de confianza» es un mecanismo presente en varios países democráticos donde la presidencia solicita el respaldo del Congreso para implementar alguna medida puntual, ante el eventual riesgo de que peligre la calidad institucional de una nación. En el caso peruano, el oficialismo considera que el sistema para la elección de jueces en el Tribunal Constitucional (TC) es poco transparente, o ilegítimo, entonces pidió la «confianza» de los legisladores para impulsar una reforma en el proceso de selección. Si el Congreso deniega la confianza a dos gabinetes de un mismo Gobierno, la Carta Magna habilita al mandatario a disolver la Cámara y convocar a elecciones.
El Parlamento peruano ya había denegado la confianza al Consejo de Ministros en 2017, en aquel entonces presidido por Fernando Zabala. Por lo cual el dirigente de la nación tuvo derecho a cerrar el legislativo.
La suspensión de Vizcarra: ¿maniobra del fujimorismo?
El sistema judicial de Perú dicta que los siete jueces que componen el TC cumplen un período de cinco años, y al terminar deben ser reemplazados. Dentro de esto, la política peruana está signada por numerosos casos de corrupción, entre ellos el de la líder opositora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión preventiva desde octubre del 2018.
El partido de Fujimori domina el Parlamento, y se encontraba en una situación favorable para determinar quiénes impartirán justicia sobre el caso de su principal referente, investigada por haber recibido presuntas coimas por parte de la constructora Odebrecht para su campaña electoral. El caso de corrupción que involucra a la constructora no termina allí, y se espera que la Fiscalía avance en la obtención de pruebas y de nuevas identidades involucradas en la densa trama de irregularidades.
El presidente Martín Vizcarra había suspendido el Congreso luego de que se eligiera el pasado 30 de septiembre a un nuevo magistrado del TC sin tener en cuenta el derecho que la Constitución le brinda al jefe de Estado, y había llamado a elecciones generales legislativas para el 26 de enero del año que viene. Para esto, el mandatario hizo uso de una norma constitucional que le permite disolver el Parlamento si el organismo denegaba la cuestión de confianza al Consejo de Ministros, cosa que sucedió en el 2017, estando presidido en aquel entonces por Fernando Zabala, y esa misma noche, votaron la suspensión del presidente Vizcarra por un año, acusándolo «incapacidad moral»y de violar la Carta Magna.
El Congreso apoya al fujimorismo. La Policía Nacional y la población peruana apoya a Vizcarra.
En la noche del lunes, mientras los congresistas de la disuelta mayoría se negaban a abandonar el Congreso y juraban a su propia presidenta, las calles fueron tomadas por manifestantes indignados contra los congresistas que no querían irse. Hubo choques con la policía cuando se dirigieron al Congreso. Ayer se repitieron las movilizaciones en diversas ciudades del país.
El Parlamento amaneció ayer rodeado por la policía, que impedía el ingreso de la gente a las calles cercanas. Al Congreso solamente se permite el ingreso de los parlamentarios miembros de la Comisión Permanente, que seguirá en funciones hasta que asuma el nuevo Congreso, que se elegirá el 26 de enero y deberá completar el mandato del Parlamento que ha sido disuelto, que vence en julio de 2021.
Así mismo, la Policía Nacional de Perú también se sumó al apoyo popular lanzando un comunicado donde el organismo «reconoce al Ing. Martín Vizcarra Cornejo como Presidente Constitucional de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú».
¿Cómo puede resolverse este conflicto?
La situación de crisis que se desarrolla en el país trasandino tiene características muy particulares, ya que las normativas constitucionales peruanas le permite al Tribunal Constitucional, pero el organismo se encuentra comprometido ya que es parte central del problema.
Ante esto, la Organización de los Estados Americanos se expresó a favor de que sea el TC quien se pronuncie «respecto de la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo» y recomendó que «la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas».
En este marco, si no hay elecciones parlamentarias en enero, el Congreso disuelto debería retomar funciones, haciendo peligrar la gobernabilidad de Vizcarra, quien hasta ahora es el único presidente constitucional activo, y con él, su encrucijada contra los casos de corrupción que hicieron tambalear el sistema político de Perú.
