El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció hoy la suspensión temporal de su misión de ayuda en Afganistán luego de un ataque armado contra uno de sus convoyes que mató a seis de sus empleados y dejó a otros dos desaparecidos, en el peor golpe que sufrió la organización en ese país en los últimos 20 años.

“Suspendemos la operación por el momento porque necesitamos entender qué ocurrió exactamente y respetar también el dolor” de las familias de las víctimas, informó la vocera de la Cruz Roja Internacional, Anastasia Isyuk, a la agencia de noticias EFE desde la sede central de la organización en Ginebra, Suiza.

Según el vocero de la CICR en Kabul, Ahmad Ramin Ayaz, uno de sus convoyes fue atacado en la provincia norteña de Jawzjan por un grupo de personas armadas que aún no fueron identificadas.

“Repartían ayuda humanitaria a aquellas personas que necesitan asistencia y estaban involucrados en actividades humanitarias”, explicó Ayaz a la prensa.

Por su parte, el jefe de la Policía de Jawzjan, Rahmatullah Turkistani, informó a EFE que los fallecidos son de nacionalidad afgana y que los cadáveres ya fueron recuperados y entregados al representante del CICR en la zona.

Turkistani explicó que “los insurgentes interceptaron los convoyes y dispararon a los empleados de CICR, incluidos los tres conductores” y responsabilizó directamente a la milicia extremista Estado Islámico (EI).

Mientras esta milicia islamista no se adjudicó aún la autoría del ataque ni reaccionó a las acusaciones de las autoridades, el movimiento insurgente talibán sí respondió rápido y se distanció del ataque.

La milicia talibán responsabilizó a un grupo de “secuestradores”, una definición que en ocasiones utiliza para referirse al EI, un grupo armado, que nació y creció en Irak y Siria, con el que está enfrentado desde su creación.

Tanto la directora de la CICR en Afganistán, Monica Zanarelli, como el presidente mundial de la organización, Peter Maurer, condenaron con dureza el ataque y lo calificaron como “una gran tragedia” y “un acto despreciable”.

“Nada puede justificar la muerte de nuestros compañeros y amigos”, sentenció Zanarelli.

El ataque de hoy contra el convoy de la Cruz Roja Internacional sucedió apenas tres semanas después que uno de sus empleados, el español Juan Carlos Real, fuera liberado, tras un secuestro de casi un mes en el norte de Afganistán.

En esa ocasión, la Cruz Roja había pedido a todas las partes involucradas en el conflicto afgano que garanticen la seguridad de sus trabajadores y había advertido, una vez más, que no seguirá trabajando en el país si las autoridades y todos los grupos armados no se comprometían a no atacar a su gente.

“El mensaje principal es que provean a las organizaciones humanitarias de la seguridad necesaria para que sean capaces de ayudar a los afganos que sufren por el conflicto”, había dicho en ese momento un vocero de la Cruz Roja Internacional en Afganistán, Thomas Glass.

El CICR es un organismo internacional creado por los Acuerdos de Ginebra, que crearon el derecho humanitario y crearon las reglas básicas para garantizar el respeto a la vida de civiles y de los propios combatientes en un conflicto armado.

Por eso, la Cruz Roja Internacional es financiada por todos los países firmantes de los Acuerdos de Ginebra, pero no depende de ningún gobierno. Eso le permite tener acceso a cárceles y a zonas en conflicto que muy pocas organizaciones humanitarias pueden llegar.

Afganistán es ejemplo de ello desde hace 30 años.

La misión del CICR se concentra en proveer ayuda médica, servicios de agua y salud a la población civil que queda en el medio del conflicto armado, además de visitar sistemáticamente los centros de detención -del gobierno y de las milicias, si estas se lo permiten- y actuar como intermediario neutral con las autoridades y los grupos armados para permitir que el trabajo humanitario llegue a todo el país.

Desde finales de los años 70, Afganistán vive en un constante estado de guerra: primero con la invasión soviética que duró entre 1979 y 1989, luego con el surgimiento y la instalación de los talibanes como gobierno y, finalmente, con la invasión y la ocupación estadounidenses desde 2001 hasta 2014.

Pese a que formalmente Estados Unidos dio por terminada la guerra en Afganistán con el retiro de la mayoría de sus tropas y las de la OTAN, el conflicto armado entre el gobierno local -un férreo aliado de Washington- y las principales milicias insurgentes -los talibanes y el Estado Islámico- no para de escalar y de cobrar víctimas civiles.

En los últimos dos años, la misión de la ONU advirtió que el número de víctimas civiles por la violencia política y religiosa armada creció dramáticamente.

Ante este innegable panorama oscuro, el ahora ex presidente de Estados Unidos Barack Obama anunció el año pasado que dejaría 8.400 soldados estadounidenses en ese país asiático, un número muy superior a los 5.500 que había planeado originalmente cuando anunció la retirada gradual de ese territorio.