El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que los ex mandatarios, exf uncionarios y políticos citados en una denuncia de corrupción por el ex director de la petrolera Pemex, actualmente procesado, deben devolver al Estado el dinero que obtuvieron ilegalmente.
El miércoles fue filtrada una copia de la acusación interpuesta ante la Fiscalía por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien encara dos causas penales en México por sobornos ligados a la brasileña Odebrecht, entre otros cargos.
En la declaración de 63 páginas, Lozoya, hombre de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, denunció a los exmandatarios Felipe Calderón y Carlos Salinas por «actos que posiblemente constituyan delitos» junto a más de una docena de exfuncionarios.
Lozoya alegó que autoridades y legisladores aceptaron sobornos, recibieron pagos ilícitos y se involucraron en actos de corrupción durante varios años, algunos de los cuales fueron antes de que él tomara las riendas de Pemex en 2012. También ratificó que Peña Nieto uso dinero ilegal de Odebrecht para su campaña electoral y para pagar coimas a legisladores para que votaran sus reformas.
«Falta recuperar el dinero y, desde luego, el castigo, pero eso lo va a determinar tanto la fiscalía como el juez», dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria, donde aseguró que la denuncia es «escandalosa» y «grave», y que no tuvo nada que ver con la filtración, como insinúan sus detractores.
La Fiscalía General de México negó también haber filtrado lo que describió como «la copia de la denuncia» del exdirector de Pemex, cuyos abogados se deslindaron igualmente de la difusión del documento.
Acogiéndose a una figura jurídica que lo exoneraría de cargos si da información que permita sancionar delitos mayores, Lozoya se convirtió en la pieza central de la estrategia de López Obrador para exponer la corrupción que, según él, era desenfrenada en México antes de su gobierno.
Entre los acusados por el exjefe de Pemex se encuentran exsenadores, dos de los cuales se desempeñan actualmente como gobernadores estatales, cuatro exsecretarios de Hacienda y asistentes del Congreso.
Según Lozoya, Calderón supervisó la corrupción en su gobierno 2006-2012, señalando un acuerdo de suministro de etano alcanzado entre Pemex y un consorcio liderado por la firma brasileña Braskem, filial de Odebrecht, que López Obrador condenó como una estafa para el Estado mexicano.
Salinas, quien fue presidente de 1988 a 1994, se involucró en cabildeos para obtener negocios lucrativos para su hijo, alegó Lozoya.
