El miércoles pasado, los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, por “violar la democracia” y por apoyarse mutuamente. Ese mismo día, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EU, estaba en Miami promoviendo las sanciones en un discurso que dio ante una muchedumbre complaciente repleta de cubanos exiliados, entre ellos la Asociación de Veteranos de la Bahía de Cochinos.

El departamento del Tesoro anunció el lunes 22 las sanciones en contra de Laureano Ortega, hijo del Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y contra la esposa de este, la vicepresidente Rosario Morillo de Ortega, y contra el Banco Corporativo S.A. (BanCorp). Al joven Ortega lo sancionaron por su papel en supervisar las propuestas y proyectos de inversión; explícitamente se menciona su papel en crear y coordinar la propuesta del Proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua con la compañía privada china HKND. Bancorp fue sancionado por ser “el fondo ilícito personal de la familia Ortega y el instrumento para los acuerdos corruptos con Nicolás Maduro y su pasado régimen en Venezuela”.

Todos los activos de Laureano Ortega y de Bancorp en Estados Unidos están congelados, además de las sanciones a terceros, o sea “que tampoco estadounidenses pueden hacer transacciones” con ellos.

En el caso de Cuba, fue habilitado el Título III de la ley Helms-Burton de 1997, lo cual hace posible que hayan demandas judiciales en contra de personas y compañías que estén utilizando tierras que fueran confiscadas por el régimen de Fidel Castro, ¡hace 60 años!. Con esto, también entra en efecto el Título IV de la ley sobre sanciones a terceros; ahora es posible que a los directores y empleados de compañías que están haciendo negocio con propiedades confiscadas en Cuba, no se les permita entrar a Estados Unidos e incluso podrían ser sancionados, dijo el 17 de abril un “funcionario veterano del departamento de Estado” en una conferencia de prensa al respecto.

Esto pone en la mira a las compañías europeas (que son el grueso de compañías extranjeras que operan en Cuba) y a las compañías estadounidenses que operan en la isla con permiso del Departamento del Tesoro también. El funcionario del Departamento de Estado fue enfático: no habrán exenciones. Estimó que podría haber reclamos hechos por un total de alrededor de 10 mil millones de dólares. La Unión Europea está considerando demandar a Estados Unidos ante Organización Mundial del Comercio (OMC) por esto.

En las acciones más recientes que fueron impuestas por Estados Unidos en contra de Venezuela, se impuso sanciones económicas al Banco Central, institución con la que ahora nadie puede hacer negocios, sin ser sancionados por ello. En este caso, el Departamento de Estado sí permitió que a los venezolanos se les permita utilizar sus tarjetas de débito y crédito, sin que por ello haya sanciones.