Nicaragua impulsa una polémica reforma constitucional

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el presidente Daniel Ortega, se encamina a aprobar el próximo 21 de septiembre en primera legislatura una reforma constitucional que impedirá participar en elecciones a opositores desnacionalizados y considerados por el Gobierno como “traidores a la patria”, informó el titular del Parlamento, Gustavo Porras.

“Vamos a aprobar la reforma a la Constitución que hemos venido trabajando”, afirmó Porras durante una sesión especial realizada en el norte del país, al anunciar que las consultas parlamentarias sobre las modificaciones concluirán el 1 de septiembre, según publicaron diversas agencias internacionales.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno de Ortega después de que el mandatario afirmara en julio que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, en referencia a la posibilidad de que la oposición vuelva a acceder al poder.

La reforma establece restricciones para impedir la participación electoral de personas consideradas por las autoridades como “golpistas” o “traidoras a la patria”. Entre ellas se encuentran opositores a los que el Gobierno retiró la nacionalidad nicaragüense.

Para entrar en vigor, la reforma constitucional deberá ser aprobada en dos legislaturas consecutivas. La primera votación está prevista para el 21 de septiembre y la segunda deberá realizarse durante la próxima legislatura, que comenzará en enero de 2027.

El proceso se desarrolla en medio de fuertes críticas internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la reforma puede restringir la competencia política y las condiciones necesarias para la alternancia democrática.

Las modificaciones forman parte de una reforma constitucional más amplia, que contempla cambios en 14 artículos de la Carta Magna. El Parlamento también incorporó una disposición destinada a dejar sin efecto en Nicaragua leyes extranjeras que, según el oficialismo, pretendan imponerse sobre la voluntad del país.

Las elecciones generales, que originalmente estaban previstas para noviembre de 2026, fueron trasladadas a noviembre de 2027 tras anteriores reformas constitucionales.

El avance de la reforma se produce mientras el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo mantiene un creciente enfrentamiento con organismos internacionales y gobiernos extranjeros por las denuncias de persecución contra opositores, exilio y pérdida de nacionalidad.