El Gobierno de Nicaragua anunció que enviará con «carácter de urgencia» al Poder Legislativo un proyecto de ley de «amnistía» para quienes están acusados de haber cometido «delitos políticos» en el contexto de la ola de violencia que sacudió al país desde abril de 2018.
Las autoridades parlamentarias, en su mayoría oficialistas, convocaron a los legisladores a reunirse mañana, sábado, para iniciar el tratamiento de la propuesta.
El gobierno de Daniel Ortega se había comprometido a liberar a más tardar el 18 de junio a unas 800 personas detenidas bajo la acusación de haber cometido delitos durante las protestas contra las autoridades.
La «Ley de Amnistía» propuesta no solo apunta a absolver a las personas acusadas de cometer «delitos políticos», sino también a las que no han sido investigadas, o que tienen procesos penales.
Si se aprueba, quedarán vedadas las investigaciones abiertos sobre este tipo de casos, se cerrarán las causas administrativas o penales y se suspenderán las sentencias.
Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA habían emplazado a Ortega a liberar a todos los detenidos a más tardar el 18 de junio, en algunos casos bajo amenaza de la aplicación de sanciones.
Pero activistas de la oposición sospechan que una amnistía puede beneficiar a cientos de policías y paramilitares que mataron, secuestraron o torturaron a manifestantes.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Ortega como responsable de crímenes «de lesa humanidad» durante la crisis.
