El líder independentista Carles Puigdemont fue propuesto como candidato a presidir de nuevo Cataluña, coincidiendo con su primer viaje público fuera de Bélgica desde su exilio voluntario de España, donde la justicia lo persigue por rebelión y sedición.
«Propondré a la cámara al diputado Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la presidencia de la Generalitat (gobierno catalán)», anunció en una comparecencia en Barcelona el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, tras reunirse la semana anterior con los diferentes partidos.
«Soy consciente de la situación personal y judicial del señor Puigdemont (…) pero soy consciente también de su absoluta legitimidad para ser candidato», añadió Torrent que no fijó la fecha del debate que debe celebrarse como muy tarde el 31 de enero.
Puigdemont se arriesga a ser detenido si vuelve a España para su investidura y por eso quiere ser escogido a distancia por el parlamento, donde los independentistas tienen mayoría absoluta tras las elecciones del 21 de diciembre.
Los comicios fueron convocados por el gobierno central de Mariano Rajoy, tras intervenir la región de 7,5 millones de habitantes y que representa casi un 20% del PIB español, horas después de la fallida declaración de independencia del 27 de octubre.
Puigdemont recibió la noticia de su designación en Dinamarca, donde aterrizó por la mañana en su primer viaje público fuera de Bélgica desde que se instalara el 30 de octubre en ese país. En un debate organizado por la Universidad de Copenhague sobre el conflicto catalán, el líder independentista reclamó a la Unión Europea reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña y se mantuvo firme en sus planes de restituir su «gobierno legítimo» destituido por Rajoy.
«No vamos a capitular frente al autoritarismo, a pesar de las amenazas de Madrid. Pronto formaremos un nuevo gobierno», dijo Puigdemont.
La fiscalía española aprovechó su viaje para intentar reactivar una orden de detención pero el juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra él y el núcleo duro del independentismo declinó la petición.
En su argumentación, el magistrado Pablo Llarena alegó que Puigdemont buscaba «la provocación de una detención en el extranjero» para poder ser investido a distancia, alegando que su ausencia «no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la consecuencia de una situación que le viene impuesta».
En diciembre, este juez ya retiró la euroorden existente para evitar divergencias entre la justicia belga y la española sobre la tipificación de los hechos, dando al expresidente libertad de movimiento en Europa.
