El Reino Unido activará los canales diplomáticos para ayudar a dos connacionales que las autoridades de la región separatista de Donetsk sentenciaron a muerte por haber combatido del lado del Ejército ucraniano como «mercenarios», dijo el ministro de Escuelas británico, Robert Walker.
«Como ha dejado claro la secretaria de Relaciones Exteriores, (Liz Truss), ofreceremos todo el apoyo posible a ellos y a sus familias. Estas personas deben ser tratadas como prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra, no hay base sobre la cual puedan ser juzgados», afirmó Walker en una entrevista con el canal de televisión Sky News.
En tanto, uno de los británicos acusados, Shaun Pinner, llamó a los mercenarios a no llegar a Ucrania. «Si no tiene experiencia militar, probablemente no valga la pena llegar aquí para obtenerla. Si no ha tenido ninguna experiencia de combate, no venga. Aquí simplemente serás aplastado y regresaras más rápido de lo que llegaste», dijo en una entrevista con la cadena RT.
Agregó también que el trabajo en Ucrania es completamente diferente de lo que tenía en «Bosnia, como miembro de las fuerzas de la ONU» o «en Irlanda», recogió la agencia Sputnik.
El ministro Walker enfatizó que la sentencia fue emitida por «un tribunal ilegal de un gobierno falso» y, si bien señaló que «obviamente» no reconocen «en absoluto» su autoridad, consignó que seguirán utilizando «todos los canales diplomáticos para demostrar que son prisioneros de guerra y deben recibir el trato correspondiente».
Un tribunal de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), reconocida por Rusia pero no por Ucrania ni por la comunidad internacional, sentenció ayer a la pena de muerte a los británicos Aiden Aslin y Pinner, como así también al marroquí Brahim Saadoun, por haber combatido del lado de Kiev en condición de mercenarios. Los convictos tienen un mes de plazo para impugnar el veredicto.
El miércoles último los tres se declararon culpables de acciones dirigidas a la toma violenta del poder. Aslin también se declaró culpable del delito de «adiestramiento para actividades terroristas».
La investigación estableció que los tres se involucraron en el conflicto armado en curso para la toma violenta del poder en la RPD a cambio de una recompensa.
Según el Código Penal de la denominada república, estas acciones se castigan con penas de 12 a 20 años de prisión o, en presencia de circunstancias agravantes o en tiempo de guerra, con la pena de muerte con confiscación de bienes.
Para el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, los tres acusados no son combatientes según el derecho internacional humanitario, y «lo mejor que les espera es una larga condena en prisión».
