El conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia continúa su escalada y no parece haber canales de diálogo diplomáticos para resolver la situación.
Desde hace unas tres semanas un grupo armado colombiano comenzó a intimidar a los vecinos de la zona de Arauca (Venezuela) y Apure (Colombia), una frontera de más de 2 mil kilómetros, por lo que debió intervenir el ejército venezolano, a través de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Según el Gobierno venezolano se detuvieron a 31 personas, destruido nueve campamentos y desactivado seis artefactos explosivos.
Este lunes el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció que creará una zona especial de defensa para «garantizar la paz y la integridad territorial» de Venezuela ante «un plan imperial para balcanizar al país» promovido «por Estados Unidos con el apoyo de Colombia».
La ONG Human Rights Watch y medios locales han dado a conocer testimonios de desplazados que aseguran que sus familiares fueron ejecutados extrajudicialmente para presentarlos como bajas guerrilleras.
Esta zona fronteriza ha sido durante años un paso clave para las rutas del narcotráfico. Aunque el control de la zona lo ejerció el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde los años 80, hoy también hay presencia de al menos dos grupos distintos -y, probablemente, rivales- de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Existe un grupo que intenta retomar el control de la zona que se hace llamar «Frente Décimo de las FARC», que ha adquirido mayor capacidad militar y económica durante los últimos meses.
En 2016, las FARC firmaron, con el apoyo logístico de Venezuela, un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Pero varios grupos dentro de la misma guerrilla se opusieron al acuerdo o se rearmaron poco después de la firma.
El ELN, una guerrilla que algunos hoy consideran «binacional», es probablemente el actor ilegal de mayor poder militar en la zona y lo que ocurra dependerá de si entran a luchar contra las disidencias en defensa de su territorio o de la revolución bolivariana.
Al conflicto se suma que el gobierno de Iván Duque no reconoce a Maduro como presidente y que no hay canales de comunicación entre las autoridades de ambos países. Es por esto que Venezuela ha solicitado el diálogo a Colombia, pero ha recibido una rotunda negativa por parte de la vicepresidenta de ese país.
El pedido de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU para que investigue la violencia en su frontera con Colombia constituye “una cínica cortina de humo de la narcodictadura” de Nicolás Maduro, denunció hoy la vicepresidenta colombiana, Marta Ramírez, que además advirtió que Caracas mantiene su alianza con parte de las organizaciones guerrilleras.
“La carta presentada el día de ayer por la dictadura de Venezuela, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que se investigue la violencia en la frontera con Colombia, no es otra cosa que una cínica cortina de humo de la narcodictadura de Venezuela», remarcó Ramírez.
Para la vice del presidente Iván Duque, el pedido venezolano apunta a ocultar la «expulsión de periodistas nacionales y extranjeros» para que no puedan documentar lo que pasa en frontera, a la altura del estado de Apure y el departamento de Arauca.
El mensaje también buscaría, de acuerdo con la versión de Ramírez, «esconder la muerte de 17 personas: 9 civiles y 8 militares venezolanos», por la respuesta de las fuerzas militares bolivarianas a los ataques de un presunto grupo disidente de las FARC en la población de La Victoria.
