Seis personas murieron y 219 fueron arrestadas en Sudáfrica por enfrentamientos entre manifestantes y policías y saqueos que continuaron por cuarto día consecutivo tras la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma por desacato, informó hoy la policía, y el Ejército ordenó un despliegue en dos provincias afectadas.
La violencia desencadenada en Sudáfrica tras la encarcelación de Zuma, la semana pasada, continuaba centrada sobre todo en la provincia costera de Kwazulu-Natal, en el este del país, y en Johannesburgo, provincia de Gauteng, en el centro del país.
Las manifestaciones se convirtieron en actos de delincuencia y desesperación ante la complicada situación económica del país y las restricciones que trajo la tercera ola de la pandemia de coronavirus.
Estos altercados se producen al mismo tiempo que el Tribunal Constitucional, que ordenó el arresto de Zuma por su negativa a declarar ante una comisión de investigación sobre la corrupción estatal durante su mandato (2009-2018), revisa su decisión de detener al exmandatario.
Zuma, de 79 años y destituido en 2018 debido a escándalos de corrupción, pidió hoy al Tribunal Constitucional que lo deje salir de la moderna prisión de Estcourt en zona zulú, cerca de las montañas Drakensberg, y que se anule la condena de 15 meses que le fue impuesta por desacato, alegando que se impuso en su ausencia.
El otrora apodado «presidente de teflón», por su habilidad para eludir la Justicia, pasó su primera noche en la cárcel el jueves pasado después de entregarse a las autoridades media hora antes de que venciera el plazo de tres días que el tribunal le exigió para entrar en prisión.
Las protestas organizadas por partidarios de Zuma para exigir su liberación inmediata empezaron el fin de semana en su región natal de la provincia de KwaZulu-Natal, donde el expresidente fue encarcelado, y se extendieron a la capital económica, Johannesburgo.
Las muertes, cuatro en Gauteng y dos en KwaZulu-Natal, parecen haber sido causadas por el caos, dijo hoy la coronel de policía Brenda Muridili, y agregó que la fuerza estaba investigando los hechos, informó la cadena de noticias CNN.
El Ejército anunció hoy un despliegue de soldados en Johannesburgo y la provincia de KwaZulu-Natal para ayudar a la policía a controlar los actos de violencia que estallaron allí ayer.
Los medios locales difundían en directo imágenes con rutas bloqueadas, incendios de autos y centros comerciales saqueados en Kwazulu-Natal.
También se podía ver una inmensa nube negra de humo en el techo del centro comercial de Brookside en la capital de Kwazulu-Natal, Pietermaritzburgo, mientras los asaltantes salían del edificio en llamas con carritos llenos de mercancías.
Hoy se vio a soldados patrullando las calles de Pietermaritzburgo, aunque el Ejército afirmó en su comunicado que «el despliegue comenzará cuando todos los procedimientos» preparativos estén instalados, informó la agencia de noticias AFP.
En ese mismo estado también se incendiaron, además, camiones a lo largo de una ruta nacional cerca de la ciudad de Durban, uno de los mayores puertos del África austral.
También hubo incendios de decenas de coches en Johannesburgo.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, criticó que las recientes protestas están fundamentadas «en la movilización étnica» y denunció la destrucción de propiedades e infraestructuras en el marco de las movilizaciones.
La condena a Zuma lo convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es enviado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) -partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa- se hizo con el poder en 1994.
El exmandatario hace frente además a un juicio por supuesta corrupción por cerca de 800 pagos que supuestamente recibió en conexión con una compra de armamento a la empresa francesa Thales para modernizar el aparato de defensa del país a finales de los noventa.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana Thuli Madonsela, titulado ‘La captura del Estado’.
