Tras fracasar en su intento por vetar la entrada al país a miles de musulmanes por decreto, el gobierno de Estados Unidos estableció hoy nuevas directrices para acelerar, potenciar y ampliar las causales de deportación de inmigrantes indocumentados, y decidió aumentar en 15.000 agentes la dotación de personal de los organismos de control aduanero y de fronteras.
Estas nuevas directivas no afectan de ninguna manera el programa decretado por el gobierno anterior de Barack Obama para proteger a más de 750.000 jóvenes inmigrantes que llegaron al país con sus padres cuando eran niños y desde entonces fueron escolarizados en Estados Unidos.
La prensa los bautizó dreamers (soñadores) y el propio Donald Trump reconoció recientemente que es uno de los temas migratorios más sensibles para él.
Pese a la sensibilidad del nuevo mandatario, el viernes pasado oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron en Seattle a un joven dreamer de 23 años que estaba empleado al amparo del marco del decreto firmado por Obama y que no tenía ningún antecedente criminal. El caso está ahora en la Justicia.
El presidente Trump había anunciado en su conferencia de prensa de la semana pasada que en estos días presentaría un nuevo decreto inmigratorio, luego que una Corte de Apelaciones federal suspendiera el que firmó a fines de enero último para vetar el ingreso al país de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
Lo que el gobierno presentó hoy no es un decreto, sino memorandos del Departamento de Seguridad Nacional que cambian la reglamentación de la Ley de Inmigración, no la ley en si misma.
«El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos», argumentó una de las nuevas directrices firmadas por el secretario John Kelly, citadas por la agencia de noticias EFE.
Básicamente los memos buscan rescribir las prioridades que imponía el Departamento de Seguridad Nacional al ICE para decidir sobre las detenciones y deportaciones de inmigrantes sin documentos, algo fundamental en un país en el que se estima que viven ilegalmente alrededor de 12 millones de extranjeros, muchos hace años.
A poco de asumir, Trump prometió que daría la orden de deportar de inmediato a entre dos y tres millones de inmigrantes sin documentos, la cifra que él estimaba -sin presentar ninguna evidencia para justificarlo- eran criminales peligrosos.
