Por Alejandro Maidana
Discursos edulcorados, puestas en escena y punitivismo. Ese parece ser el jarabe que utiliza estado nacional al igual que el provincial a la hora de ofrecer una cura que pueda transmitirle cierta tranquilidad a una sociedad resquebrajada en sus fibras mas íntimas. Una receta tan rancia y añeja como la injusticia misma, y que ha demostrado en un puñado de largos capítulos, ser tan solo un paliativo propagandístico que solo puede garantizar una tranquilidad sumamente efímera.
Mientras que la hipocresía circundante sigue haciendo añicos la credibilidad de distintos sectores de poder, la espinosa realidad sigue oprimiendo la humanidad de los desposeídos. El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas (ILANUD) hizo publico un informe que da por tierra la idea de que, a mayor militarización, menos violencia. Este organismo especializado de Naciones Unidas en las áreas de prevención del delito y la justicia penal, realizó un análisis sobre la incidencia de las políticas públicas en torno a los delitos contra la vida y la propiedad.
Allí surgieron distintas variables, para citar algunas podemos mencionar a que se detectó que, a mayor tiempo de ocio, entiéndase como tiempo fuera de la familia y sin actividades recreativas, mayor delito, mayor acceso a armas, mayor delito, pero aquí la mas importante y que vale la pena resaltar, a mayor inequidad en el reparto del ingreso público, mayores delitos de los antes mencionados. Una ecuación contundente que expone y desnuda responsabilidades.
En las últimas semanas, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, adelantó que una de las ideas que está en evaluación es lograr una modificación en la ley que permita bajar la edad de responsabilidad penal, de los 16 a los 14 años. Pero claro, doblegando la apuesta, la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, fue por más, sostuvo que la baja de imputabilidad debería a los 12 años. Tan crudo y librado de responsabilidades que abruma.
Debido a ello, vuelven a surgir preguntas que buscan tener respuestas concretas: ¿juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más chicos resuelve el problema de la inseguridad previniendo el delito? O solo profundiza la criminalización de los pobres por el solo hecho de serlo, por sus caras, su vestimenta, por el lugar que habitan y elude una responsabilidad central del Estado que es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños.
Las estadísticas oficiales señalan que los delitos graves cometidos por menores de 16 años son realmente insignificantes. “La palabra reinserción es un concepto vacío en donde nadie sabe precisar bien a qué se refiere, qué significa resocializar, cuáles son los parámetros. Estas palabras que suenan tan lindas son las utilizadas por Libarona para alivianarlo. Y es allí donde las personas que no saben qué es, la rellenan con sus propias fantasías e ideales de lo que debería ser. Y entre lo que es y debería ser hay una gran distancia”, sostuvo en el mes de enero a través de una imprescindible charla con el programa Catalejo que se emite por Conclusión la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena.
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Mientras que las políticas de ajuste y de sálvese quien pueda aplicadas por el gobierno nacional siguen su curso demencial, las historias escritas con sangre siguen ocupando un espacio de privilegio en aquellas barriadas empujadas al olvido. La disputa territorial por el dominio de la venta de drogas, sigue consolidando una usina que no se cansa de parir jóvenes «tiratiros» dispuestos a todo con tal de elevar su status dentro de la organización.
Adolescentes con historias hermanadas desde el dolor y la marginalidad, pibes que solo lograron hacerse visible a través de actos violentos, lo identitario como eje de una compleja discusión que se empecina en criminalizar sin abrir un debate transformador. Claramente que ante la contundencia que manifiesta la realidad, el intento de reflexionar en voz alta puede ser rápidamente desarticulado, minimizado, caratulado de cómplice o en el menor de los casos, descalificado como romántico o profundamente filosófico.
Mientras que el legislador libertario Alberto «Bertie» Benegas Lynch sostiene que «libertad es que, si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller, puedas hacerlo», en nuestro país 7 de cada 10 niños está sumido en la pobreza y sin un horizonte que pueda cobijar sueños.
¿Qué tiene que pasar por la mente de un chico para no titubear a la hora de asesinar?, ¿cuán dañada tiene que estar la subjetivad de un joven para no dudar en hipotecar su vida y la de los otros?, ¿nos acostumbramos a señalar al monstruo omitiendo al doctor Frankenstein?, ¿cómo podemos digerir que un adolescente en conflicto con la ley penal pida a gritos no ser liberado de un instituto por no tener a nadie afuera que pueda contenerlo?, ¿nos interpela la muerte solo cuando esta logra sortear las grandes avenidas abandonando las barriadas populares?, ¿qué rol y responsabilidad nos compete como sociedad? En definitiva, ¿a dónde estábamos cuando los pibes se convirtieron en gatilleros?
