Boletas virtuales y usuarios digitales: el drama de los adultos mayores para pagar servicios públicos

Adultos mayores realizaron, durante la mañana de este viernes, una nueva colecta de firmas en la esquina de Córdoba y Corrientes para pedir que este sector tenga una participación activa en la redacción de la nueva carta orgánica de Rosario. En esta oportunidad, además, se informó a los transeúntes sobre el derecho al acceso a la información y a los servicios públicos que tienen las personas de la tercera edad y se montó una carpa para brindar asesoramiento en la materia.

La actividad –que se realiza todos los viernes en el centro de la ciudad– fue organizada por la Federación Regional de Asociaciones de Personas Adultas Mayores (Frapam), el Foro de la Tercera Edad y la Defensoría del Adulto Mayor de Rosario (Depem). Este viernes también se sumaron referentes de la ciudad de Pérez, que el año pasado también creó su propia Defensoría de Adultos Mayores.

En diálogo con Conclusión, la abogada de Fapram, Daniela Valentini, señaló que cada viernes se aborda un derecho en particular y en esta oportunidad fue el turno del acceso a la información y a los servicios: “Esto contempla aquellos casos de exenciones de impuestos. Lo que hicimos durante esta jornada, y seguramente va a quedar por el éxito que tuvo, es una oficina móvil de la Defensoría, donde cualquier persona mayor de la ciudad puede venir a consultar respecto a cualquier temática que le preocupe”.

La Defensoría de Adultos Mayores atiende al público los martes y jueves en dos sedes: de 11 a 13 en el primer piso de la Asociación Empleados de Comercio, ubicada en Corrientes al 450; y de 14 a 16 en la Oficina Municipal del Consumidor, situada en Córdoba al 852. En caso de que este organismo no pueda resolver los planteos de los ciudadanos, se hacen derivaciones a organismos municipales o provinciales. Además, todos los viernes de 10 a 12 están en Corrientes y Córdoba. 

En este sentido, Clara Ramírez, una de las personas que brinda asesoramiento en la Defensoría de Adultos Mayores, detalló: “Lo que hacemos es asesorar en todo lo que sea aplicaciones, como las de Pami o Iapos, servicios públicos y trámites impositivos, tanto provinciales como municipales”.

Ramírez apuntó que el principal problema que agobia a los adultos mayores es la digitalización de las facturas de los servicios y la creación de usuarios virtuales: “No saben cómo hacerlo, o les cuesta, o no tienen acceso a la tecnología o, si lo tienen, es muy básico o el teléfono que tienen no les permite bajar las aplicaciones. No logran comprender el paso de lo analógico a lo virtual o tecnológico y están frente a situaciones de corte de servicio o no pueden acceder a turnos”.

La asesora de la Defensoría comentó que, como muchos adultos mayores no sabían que las boletas de algunos servicios dejaron de emitirse en papel para ser totalmente virtuales, se atrasaron o dejaron de pagar los servicios, a la espera de que llegue la boleta papel a sus hogares.

“En la Defensoría del Adulto Mayor asesoramos y, cuando no podemos solucionarlo, les decimos a dónde se pueden acercar. Hacemos derivaciones a organismos municipales o a la administración pública provincial cuando son trámites con documentación específica o planteos muy puntuales”, cerró Ramírez.

Por su parte, la presidenta del centro de jubilados de Pérez, Graciela Bo, celebró que en enero del año pasado se creó en su localidad la Defensoría de Personas Mayores: “Somos la segunda ciudad en la provincia en poder contar con esta oficia, que va a funcionar en nuestro centro de jubilados y está representada por dos personas jubiladas, por un abogado y por tres jubilados más. Vamos a representar dignamente a nuestra generación”.

“Las problemáticas son muchas –observó Bo–. Brindamos asistencia por medicamentos o sobre el quite de los bolsones de alimentos. También tratamos de resolver los problemas del adulto con respecto a la tecnología y vacunación. Tratamos, sobre todo, de contener, y a esto lo trabajamos en conjunto con la Municipalidad. Si hay una problemática de vulnerabilidad vamos a necesitar un equipo interdisciplinario que acompañe, y nosotros no contamos con eso, pero el Estado sí”.

A su turno, el concejal de Pérez Alejo Iztegui destacó ante este medio: “El año pasado esta normativa se aprobó por unanimidad y establece que el Estado se constituye como un garante para los derechos de los adultos mayores, y a su vez como un receptor de denuncias y reclamos que la tercera edad está planteando permanentemente”.

En tanto, su par Jorgelina Vega expresó: “Invitamos a que otras comunidades se unan a esta iniciativa. Es importante que nos involucremos, que la gente se acerque”.