Caso de la partera Olga: tras un proceso de cuatro años, las víctimas aguardan la fecha de juicio
Ana Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, ambas nacidas en los años 80, la acusaron de sustituir sus identidades. Las primeras denuncias de ambas fueron radicadas en 2022, por lo que se tramitan bajo el viejo Código Penal. Para la abogada Julia Giordano, “el proceso viene siendo lento para las necesidades y los derechos” de sus defendidas.
La partera Olga Artale de Silva afrontará un juicio por la confección de partidas de nacimiento apócrifas, un hecho penado por el artículo 292 y 293 del Código Penal. Para la Fiscalía cometió alteración y supresión de identidad de menores de 10 años, delito encuadrado en el artículo 139 del Código Penal. Fiscalía solicitó la elevación a juicio.
Tras la investigación a cargo de la Oficina Criminalidad Económica y Trata de Personas de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo de Soledad García, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron ante el Juzgado Federal N° 3 la inmediata elevación a juicio del proceso que se inició en 2022. Para la abogada de las víctimas Julia Giordano, detalló a Conclusión: “Pareciera inminente la fijación de fecha, aunque no para este año”.
“Ana y Romina hace cuatro años que están en un proceso que viene siendo lento para las necesidades y los derechos, que tiene que ver con los obstáculos que se presentaron de los medios para obtener la prueba como la comparación de ADN, estamos hablando de los recursos que se destinan a las investigaciones”, señaló Giordano.
Sobre el pedido de prescriptibilidad por parte de la representación de la acusada, la abogada de las demandantes afirmó que no está en discusión. “La defensa puede volver a plantearlo, pero es casi imposible porque se trata de los llamados delitos continuados. Ellas permanecen con su identidad suprimida como consecuencia del accionar ilícito de Olga, con lo cual ese delito no se deja de cometer, se renuevan todos los días. Lo indicó así el juez de la instrucción y la Fiscalía. tanto jurisprudencial como doctrinariamente no admite discusión”, aseguró Giordano. Aunque aclaró que el de la partera Olga no es el caso de un delito de lesa humanidad.
Las denunciantes contra Olga Artale de Silva son cuatro -dos con el código penal antiguo y dos con el actual- y los casos abarcan el período entre 1976 a 1980. Pero en total, son seis los casos conocidos de personas que cuentan con la firma de la partera y que dudan de su origen. Sobre esto, Giordano manifestó: “Sabemos que existen más casos que no han hecho la denuncia porque sus padres siguen vivos y por el riesgo que esto puede implicar para ellos”.
Pedido de celeridad
Ana Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, ambas nacidas en los años 80, la acusaron de sustituir sus identidades valiéndose de certificados de nacido vivo falsos para concretar inscripciones ilegales. Las primeras denuncias de ambas mujeres fueron radicadas en 2022, por lo que se tramitan bajo el viejo Código Penal.
“Después de cuatro años, recién este año se la imputó a Olga. No entendemos por qué tanta lentitud y libertad para estas personas para que puedan evadirse, podría haberse ido del país”, denunció Alzugaray.
“Venimos pidiendo que se juzgue como venta de bebés, pero no sé por qué no se integra todo dentro de un red de trata y se aplica lo mismo para todas las parteras”, agregó la víctima. “Ella está muy entrada en edad, es muy importante que se apresure la burocracia para que esta mujer sea juzgada”, completó.
“Estamos anotadas como hijas biológicas de nuestros padres de crianza, pero no es así”, insistió Ana. Su padre reconoció que se trató de una “adopción irregular”.
El caso remite indefectiblemente al de las hermanas Dolly y Silvia Viale. La primera fue procesada a raíz de un hecho de 1970, en el que se la acusa de anotar a una niña como hija biológica de dos personas, que no tiene vínculo sanguíneo con su hija de crianza.
El otro caso -que se tramita bajo el viejo Código Penal- es el de Roberto Fargioni, en el que la obstetra está procesada por un caso similar en 1978. A su vez, su hermana Silvia fue denunciada por cuatro personas por el mismo delito de sustracción de identidad.