La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y otras organizaciones que trabajan por los derechos del colectivo de la diversidad sexual realizaron ayer un “besazo” en la esquina de avenida Pellegrini y Mitre. La convocatoria repudió el trato discriminatorio sufrido por una pareja gay de parte del custodio de seguridad del supermercado La Gallega que se encuentra trabajando en ese lugar.
El titular de la Falgbt, Esteban Paulón, habló con Conclusión y fijó su posición sobre lo acontecido el sábado pasado a Matías Bermúdez y Gonzalo Braganza. Reveló además los pasos que dieron con respecto al episodio, como también cuales son los programas que vienen trabajando con distintas instituciones y que propuestas presentaran para reformar la ley nacional contra la discriminación.
Paulón dijo que le parecía muy «grave que en un espacio al cual uno concurre para hacer una compra tenga que vivir una situación de discriminación», pero rescató que «también hubo gente que se solidarizó con ellos. Pero esto es algo que no nos gustaría seguir viendo. Lamentablemente -agregó- a pesar que se han aprobado las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género que han otorgado derechos muy importantes y son herramienta relevantes para el trabajo que realizamos, no modificaron la cabeza de algunos miembros de la sociedad» lamentó.
En el mismo sentido, Paulón afirmó que «a pesar que esta normativa está aprobada, la discriminación se sigue dando, nada cambia de la noche a la mañana, esto tiene que ver con un cambio cultural mucho más profundo».
El dirigente especificó que «incluso haciendo un relevamiento a nivel nacional hay un porcentaje importante de trabajadoras y trabajadores que argumentan que hablar abiertamente de su identidad sexual tiene riesgos y eso atenta contra el desarrollo profesional y su proyecto de vida». Ya que al ser visibilizados «sufrieron represalias».
Por este motivo, señaló Paulon, «nos hemos dado una política con distintas instituciones para garantizar que la diversidad no sea un impedimento para mejorar en nuestro ámbito de trabajo. Desde la federación trabajamos con distintos gremios y pensamos ampliar este programa para que los trabajadores y trabajadoras de la diversidad puedan sentir que la organización gremial es un espacio en el que se defiendan estos derechos».
Consultado por Conclusión, si existe alguna estadística sobre la cantidad de casos de discriminación y como se ha tratado el tema en distintos puntos del país, Paulon expresó que «lo bueno es que en Rosario se puede contar con una ordenanza que está contra la discriminación, y que es única en el país, porque genera un efecto concreto en caso de que se transgreda la norma, ya que se puede sancionar este tipo de actos con una multa, una clausura o incluso una campaña condenatoria de este tipo de arbitrariedades, sea con una sanción directa sobre una persona o la institución que cometió el agravio».
Además, consideró que hoy la discriminación tiene mucha más visibilidad, pero estadísticas «no hay porque las denuncias ingresan por distintas vías, sea por las organizaciones que representan distintos colectivos, por el Inadi u otro organismo que sea autorizado para denunciarla. Y afortunadamente la población cada vez menos deja pasar un acto discriminatorio», aclaró.
Acerca del proyecto de ley que el colectivo propone destacó que «es una nueva ley de penalización de actos discriminatorios que contempla algunas diferencias con la legislación actual que no da respuestas a estas situaciones y no permite que se penalicen y se prevengan como corresponde estos actos» y así apuntó directamente sobre los cambios que se necesitan.
Otro de los puntos importantes es «la presunción del daño moral en grupos vulnerados en sus derechos por actos discriminatorios que conlleva automáticamente daño moral» y -paralelo a ello- el otro tema «es la incorporación del concepto de categoría sospechosa, esto es entender que los distintos grupos que han sido discriminados y vulnerados en derecho históricamente son blanco fácil de situaciones de discriminación».
Paulón dio algunas experiencia de lo que significa este vacío legal al contar que por ejemplo en el ámbito laboral «un despido sin causa si así lo fuera con un agravante por discriminación seria mucho mas fácil de probar si este despido fue realizado contra una persona de algunos de los grupos vulnerados por etnia, religión, clase, discapacidad u orientación sexual o identidad de género. Que son parte de los múltiples pretextos para discriminar».
Consultado por Conclusión si en la reforma que impulsan a nivel legal las figuras de lucro cesante y daño emergente por el perjuicio ocasionado laboralmente en instancia de discriminación, supondría una sanción mayor contestó que sí y ejemplificó enumerando los perjuicios al manifestar «que la discriminación en sí lo que produce es un efecto, como el caso ocurrido el sábado en donde a raíz de una discriminación los chicos fueron echados de este local, o a raíz de un hecho discriminatorio una persona pierde una oportunidad laboral. A raíz de una acto discriminatorio una persona no puede acceder al sistema de salud y por lo tanto se le cercena un derecho. Entonces hay que actuar sobre esos aspectos, la consecuencia concreta de ese hecho discriminatorio puede generar un lucro cesante o generar un daño moral, o daños y perjuicios».
También dejó en claro que «en materia penal» la federación «impulsa un tipo penal de discriminación que es un agravante». Hoy la Ley nacional que tutela estos derechos debe ser modificada ya que en los pretextos no figura «la orientación sexual ni la identidad de género, esto sería un primer tema y después que la ley vigente no dice que debe cesar el acto discriminatorio, en ninguna parte de la letra habla de una tipificación penal o de un resarcimiento civil».
Por último remató diciendo que «se impulsa un nuevo proyecto de penalización de actos discriminatorios, porque no estamos de acuerdo que se haga un parche en la legislación vigente, que ya no expresa la realidad, es añosa y debe expresar un nuevo paradigma» por lo que resulta imperioso «incorporar herramientas de prevención de la discriminación porque corremos el riesgo castigar los efectos y no nos alcanzaría el tiempo. Todo esto debe ser acompañado por la sociedad, que el estado provea y disponga de los elementos para prevenir la discriminación y que por lo tanto tengamos menos casos de discriminación».
