Documentos por favor: personas en situación de calle y cuidacoches denuncian acoso policial
"Nos patean las cosas y nos obligan a irnos", relataron. La situación también fue constatada por la secretaría de Políticas de Prevención de la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa
- Ciudad
- Por Luciano Couso - Candelaria de la Cruz
- Oct 22, 2025
Un trabajo publicado en la revista Pensamiento Penal por el secretario de Políticas de Prevención de la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa (MPD) santafesino, Santiago Bereciartúa, en coautoría con Marcelo Marasca, director Regional de Prevención de la Violencia Institucional del MPD, revela que las fuerzas de seguridad provinciales utilizan la reforma del artículo 10 bis de la Ley Orgánica de la Policía para realizar demoras que podrían considerarse “arbitrarias”, pero en que en rigor son selectivas y apuntan a determinados grupos sociales, como las personas en situación de calle, los recolectores informales y los cuidacoches.
Entre el paquete de reformas penales, del Ministerio Público de la Acusación y policiales que el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura apenas asumió, se reformó el conocida artículo 10 bis, que quedó redactado de la siguiente manera: “Salvo los casos de flagrancia previstos en el Código Procesal Penal, el personal policial no podrá detener o restringir la libertad corporal de las personas sin orden de autoridad competente”. Una forma de evitar los abusos policiales.
Sin embargo, el mismo artículo estableció excepciones, que terminaron utilizándose como regla: “Excepcionalmente, podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad, cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificado en la vía pública”.
Detenciones “sin fundamento”
El trabajo de Bereciartúa y Marasca, basado en datos oficiales, indica que “tras la reforma, se comenzó a detectar un aumento notorio de la cantidad de demoras diarias alcanzando un total de 110 demoras (sosteniéndose el número de 10 detenciones diarias por flagrancia), las cuales a su vez se vislumbraban como arbitrarias por la aparente ausencia de justificación”.
Para los abogados, “la policía comenzó a detener a muchas personas sin fundamentos, o con fundamentos aparentes, teniendo como destinatarios de estas demoras y traslados en su mayoría a personas en situación de calle y trabajadores informales”.
En función de esos datos, el MPD realizó “un minucioso análisis” de las actas de demoras confeccionadas por la Policía de Rosario entre el 16 de julio y el 14 de agosto de 2024. Arrojó como resultado que “el 34,6 % de las demoras realizadas por aplicación del art. 10 bis estaban dirigidas a personas sin hogar. Es decir, este dato nos permitió interpretar que las personas sin hogar estaban siendo particularmente blanco de este tipo de prácticas”.
Los abogados también advirtieron que “en el 20,43 % de los casos la persona fue detenida en más de una oportunidad”, lo cual “grafica también un rasgo de selectividad y discriminación porque describe a una población que sufre demoras múltiples y los señala como objeto específico de este tipo de prácticas”. Tan selectiva es la policía a la hora de escoger a quienes solicitarle documentación y averiguar sus antecedentes, que “hay personas que han sufrido hasta 8 demoras” en un mes.
Actas predeterminadas
Otro hallazgo del trabajo de relevamiento del MDP, que en el artículo de Pensamiento Penal consideran “trascendente”, tiene que ver con “los fundamentos esgrimidos en las actas (o directamente su ausencia)”.
“En casi la totalidad de las demoras se observa por parte del personal policial: 1) la ausencia de fundamentación; 2) la utilización de fórmulas vacías, aplicadas de manera reiterada, sin adecuado contexto ni detalle y 3) la utilización de fundamentos ilegítimos (ejemplo: carencia de Documento Nacional de Identidad)”, señala.

La falta de DNI no es causal para que la Policía demore a una persona y la lleve a una seccional, ya que no existe ninguna norma que avale ese procedimiento. Pero, en los hechos, los uniformados emplean otras fórmulas de difícil comprobación, como “resistencia a la autoridad” o sospecha de comisión de un ilícito.
Los abogados encontraron un caso extremo. En una seccional hallaron actas que ya estaban impresas con la causal de detención, a la que sólo debían agregarle el nombre de la persona demorada en forma selectiva.
“La utilización de fórmulas vacías llegaba a tal extremo que, por ejemplo, en las actas de la comisaría 22° de la ciudad de Pérez se utilizaban formularios con la fundamentación preimpresa, todas iguales”, dice el documento. “’Responde con evasivas’ y ‘no tiene DNI’ aparecen de manera preimpresa (en computadora) y luego era rellenada a mano con los datos de la persona demorada”, concluye el informe.
La voz de los afectados
Esta situación alcanzó en mayor proporción a cuidacoches y personas en situación de calle. Tal es así que, el jueves 16 de octubre -orientados por la referente del colectivo «Meretrices Autoconvocadas» de Rosario, Reina Ibáñez- hicieron una presentación escrita dirigida al Concejo Municipal, la Municipalidad de Rosario (Buenos Aires y Santa Fe) y el ministerio de Seguridad de la Provincia, en la que subrayaron el acoso policial constante.
Varios cuidacoches -o también conocidos como «trapitos»- de la zona del Hospital Provincial confirmaron que lo viven diariamente y declararon que, -pese a que hace muchos años que están en ese mismo lugar y «no tienen problemas con ningún vecino»- a toda hora reciben «la visita» de vehículos Control Urbano escoltados por la policía provincial.
Ramón cuida los autos de la cuadra de 1 de Mayo entre Zeballos y 9 de julio desde hace casi 20 años. Todos en el barrio lo conocen y los trabajadores del Hospital Provincial le confían el cuidado de sus vehículos.
En diálogo con Conclusión, expresó su reocupación frente a la situación y relató lo que están viviendo: «Nos patean los baldes, vienen con la policía nos piden documentos y nos obligan a irnos, yo me estoy yendo antes para no curzármelos pero eso me afecta muchísimo, porque necesito la plata».
«El acoso policial es una constante», aseguró Ramón y añadió que, también «se la están agarrando» con gente en situación de calle.
«Nos dicen que vienen a trasladarlos a refugios, pero no es así. Los levantan de mala manera y cuando no están se llevan sus cosas», remarcó y expresó: «Esto no es un trabajo para mí, yo siento que estoy mendigando, pero no me queda otra. Si me ofrecen un trabajo, voy sin dudar».

