El área de la discapacidad sigue en jaque. En esta oportunidad son los pacientes de diálisis quienes se encuentran en estado de alerta y manifiestan especial preocupación por obtener, en unos casos, y mantener en otros, la cobertura correspondiente.

“El conflicto mayor no es con la gente que corresponde al subsector público, sino que es con los que se encuentran incluidos en las pensiones nacionales que corresponden al actual programa Incluir Salud, anteriormente denominado PROFE (Programa Federal), que a partir de este año pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad”, precisó la ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi en diálogo con Conclusión.

En la ciudad existen distintos mecanismos de diálisis. Algunos pacientes corresponden al subsector público exclusivamente y se dializan en dos lugares: el Centenario y el Heca. Mientras que quienes no pertenecen a este sector lo hacen en otros lugares a partir de convenios entre la provincia con prestadores privados.

Tenemos 304 pacientes en toda la provincia que están bajo la cobertura de Incluir Salud. Tienen un certificado de discapacidad y tramitan una pensión y a partir de ese momento adhieren al programa”, explicó la especialista y amplió: “En este caso tenemos un convenio que hace el Estado Nacional a partir de una agencia de discapacidad con el prestador que sería de la provincia de Santa Fe, pero la provincia y la Municipalidad no intervienen en este convenio sino que el pago es de Nación”.

Lo que ocurre es que “estos prestadores están con una demora importante en el pago desde hace varios meses, y están en situación de alerta por la cual plantean que no quieren tomar nuevos pacientes del programa Incluir Salud”.

“Ellos tienen que garantizar los pacientes que ya tienen incluidos pero no quieren tomar nuevos pacientes”, precisó Uboldi.

Alrededor de 200 centros distribuidos por todo el país, reclaman al Gobierno Nacional una deuda que mantiene el Estado por más de $ 250 millones.

Dos viernes atrás, autoridades provinciales del ámbito de la salud viajaron a Buenos Aires a una reunión con la agencia de discapacidad a cargo, que está bajo la órbita de la vicepresidencia, para hacer una mediación respecto al pago.

“Hay una promesa de pago por parte de Nación. Estaban pagos hasta marzo de 2017 y deberían estar pagando abril, mayo y junio a la brevedad”, especificó la ministra al tiempo que admitió estar “muy preocupados porque esta población tenga la cobertura que le corresponde porque es un programa nacional, lo mismo con los traslados y centros de día, las drogas de alto costo o las prótesis, que también están en el programa Incluir Salud”.

El desfinanciamiento que hoy sufren los centros de diálisis del país, se debe, entre otros motivos a la insuficiencia del valor del módulo, el desfasaje de los costos de los materiales, el incremento de los honorarios profesionales y sueldos y la demora en el pago de las prestaciones.

Consultada sobre qué pasa con aquellos pacientes que quedan marginados Uboldi dijo que “no tenemos más capacidad en el ámbito público” por lo que “serían pacientes que se van a dializar en ámbito privado bajo la órbita del pago de la provincia”.

Todos los pacientes que requieran diálisis la van a tener porque Nación o la Provincia va a pagar, pero no corresponde que si existe un programa el Estado se siga retirando”, dijo tratando de transmitir tranquilidad a la ciudadanía.

El Programa es un sistema de aseguramiento público de salud que garantiza el acceso a los servicios a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos. En el caso de la diálisis, se firmó un acuerdo por el cual el Estado deriva a los centros privados los pacientes carenciados y les paga por los servicios (las sesiones más el traslado).