Desde el Concejo proponen que se convoque a una Audiencia Pública para debatir una nueva ordenanza que regule la nocturnidad en la ciudad de Rosario.
Se trata de una normativa que tiene más de 21 años de la ordenanza Nº 7.218 sancionada en 2001, y el último intento por modificarla data de 2018, años previos a la pandemia. En todos estos años aparecieron nuevas formas de entretenimiento nocturno que ameritan una nueva regulación de la noche rosarina, señala el expediente.
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La concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), presentó un proyecto -que lleva la firma de todo el interbloque-, que convoca a los vecinos de Rosario, el Ejecutivo Municipal, miembros del Departamento Ejecutivo Provincial con incumbencia en la materia, representantes del Sindicato Municipal de Rosario y de la Asociación de Trabajadores del Estado, el Colectivo Rosarino de Espacios Culturales (Crec), la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario y otras organizaciones de la sociedad civil interesadas en la temática.
La edila sostiene, que “la nocturnidad es un tema que lleva más de diez años de discusión sin que pueda avanzarse en una nueva normativa. Entendemos que la Audiencia Pública es una herramienta que tiende a generar un ámbito para proponer y escuchar a todas las voces. La nocturnidad es uno de los temas de mayor complejidad en Rosario, en donde convergen distintos intereses económicos, sociales, convivenciales y culturales, y en la cual participan una gran cantidad de actores”.
Además, la concejala recordó que el último intento de modificar la ordenanza vigente y superar «los parches» que se fueron agregando en distintas instancias se llevó adelante en el año 2018. Añadió Gigliani: “La iniciativa quedó paralizada y la pandemia terminó por frenar la discusión. Ahora es necesario convocar y escuchar a los vecinos, a todos los actores, buscamos consensuar el mejor de los proyectos posibles”.
Asimismo, la figura de la Audiencia Pública está regulada en Rosario por la Ordenanza Nº 7.040 y habilita una instancia para que todos los que puedan sentirse afectados por una decisión de un órgano administrativo o legislativo, puedan manifestar su conocimiento, postura o experiencia y presenten un perspectiva individual, grupal o colectiva.
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