El conflicto en el barrio República de la Sexta, originado en la implementación del del programa de obras del Plan Abre, continúa in crescendo. Hoy, los vecinos que se niegan a irse del barrio, denunciaron amenazas y malos tratos reiterados por parte de la policía y de Control Urbano. Además, anunciaron la presentación de un recurso de amparo para que se respete los derechos adquiridos de las familias que habitan el barrio históricamente y que llevan décadas viviendo allí.
Mientras una vivienda precaria era desmantelada contra la voluntad de su dueño, desde la Asamblea de Vecinos del barrio le dijeron a Conclusión que «todo se trata de una extorsión y un chantaje de parte de Manuel Sciuto, del Servicio Público de la Vivienda, y Diego Leone del Plan Abre».
«Se supone que esto es un desalojo administrativo, que debería ser algo voluntario y consensuado con las familias que quieren ser relocalizadas. Pero no es así, las opciones que les dieron a los vecinos fueron o la pala o la plata», manifestó uno de los integrantes de la Asamblea.
«Entonces el desalojo administrativo no tiene lugar con la mayoría de los vecinos y por eso la implementación es forzosa, violenta y hostigante», remarcaron.
«También queremos que se entienda que este mega proyecto de urbanización, en realidad un mega proyecto de desalojo y especulación financiera que involucra desde Chacabuco, la barranca , Cochabamba y 27 de febrero», señalaron.
Los integrantes de la Asamblea denunciaron además que a los que se niegan a irse los han mandado a seguir, los han amenazado y son intimidados con la presencia policial. «Vinieron con un montón de policías y también quisieron tirar mi casa», relató una de las mujeres. «Yo no me voy a ir porque tengo derechos adquiridos y por estar tan firme, me mandan la policía las 24 horas. Me mandaron a seguir y ahora nos están amenazando diciendo que apenas se vayan los medios van a empezar a reprimir. No es la primera vez que esto pasa. Nosotros somos vecinos defendiendo nuestros techos», enfatizó la mujer y se preguntó: «Este es el famoso Plan Abre? ¿el plan que prometía construir en terrenos libres? «Estos no son terrenos libres», afirmó. Acá, los vecinos están siendo hostigados y obligados a irse».
Otro de los vecinos, señaló: «No hay orden judicial, no nos han mostrado el pliego licitatorio. Y no hay orden judicial por lo cual, la policía está actuando de oficio por orden directa de Maximilianos Pullaro y Miguel Lifschitz. No hay cartel de obra, ni responsables de obra, ni ingeniero…Esos son los papeles que ellos tendrían que traer. A esos papeles, a esa supuesta legalidad para concretar un mega nogocio inmobiliario, nosotros les contraponemos otros papeles».
«Nosotros tenemos las partidas de nacimiento por más de 90 años. No somos ocupantes históricos, somos ocupantes originarios, somos los trabajadores que levantaron este barrio tal cual lo conocen. En este momento, nos preguntamos para quien gobiernan, si para los trabajadores y vecinos del barrio o para los empresarios que quieren hacer torres y negocios millonarios», testificó el vecino.
Según lo relatado por los habitantes del barrio, los funcionarios del Servicio Público de la Vivienda les ofrecieron 300.000 pesos para poder reubicarse.
«Algunas familias cedieron a la presión, pero nosotros no vamos a ceder. Por eso ahora vamos a presentar un recurso de amparo en los Tribunales Provinciales. Éstas son las casa y los patios de los vecinos, nosotros los construimos y los cuidamos. Que decida un juez. Y que el Ejecutivo provincial se haga cargo del costo político que implica desalojar forzosamente a al gente disfrazándolo de regulación administrativa», indicaron.
Por su parte, los funcionarios presentes del Servicio Público de la Vivienda manifestaron no poder hacer declaraciones.
