La obra social de empleados públicos provinciales y municipales (Iapos) acaba de cesantear a 30 adscriptos que exigían el pago de un “plus” a la hora de atender pacientes en consultorio o realizar cirugías.
El instituto provincial se encargó de difundir entre sus afiliados los derechos de los cuales gozan, además de abrir una línea telefónica gratuita para denunciar este tipo de prácticas, probadamente comunes en el ámbito de la salud.
Así, la obra social recibe denuncias de “prácticas abusivas” en un promedio de cien por mes. Ejemplos: imponer un pago extra para atenciones que están previamente cubiertas, cambiar turnos intempestivamente, hacer esperar injustificadamente a pacientes antes de atenderlos o pedir más de una orden de consulta, entre otras cosas. Por otra parte, otros tantos reclamos se acumulan en la web de la obras social.
La directora de Iapos, Soledad Rodríguez, señaló que cobrar adicionales para atender consultas es “una práctica deshonesta”, que contradice los “compromisos asumidos” por los prestadores de salud, y atenta directamente contra ese derecho ciudadano; motivo que no impide que la práctica se expanda entre médicos y afiliados no sólo de Rosario sino de toda la provincia.
La funcionaria, en declaraciones radiales a LT8, sostuvo que «una de las herramientas que tenemos para combatirla es que el afiliado conozca los derechos que le corresponden porque, por desconocimiento, se naturaliza el pago como una obligación de los pacientes».
Al mismo tiempo, aclaró que «siempre que las profesionales y las prácticas estén dentro de la oferta de la obra social, los pacientes no deben abonar ningún otro concepto que la orden o los bonos que correspondan».
Denuncias
Desde Iapos, en consonancia con financiadoras de la provincia, instalaron una línea telefónica gratuita para reclamos y denuncias, que se suma a la web de la obra social.
La web de la obra social de los empleados públicos (www.santafe.gob.ar/iapos) y su línea gratuita (0800 444 4276) están abiertas para denunciar abusos de este tipo que adviertan los pacientes.
Las denuncias son anónimas, aclaró la directora de la entidad, y solo se verifica el número de afiliado para comprobar la veracidad del reclamo.
Una vez hecho esto, se cita a los profesionales para que realicen su descargo. Si no es convincente o la situación persiste, se procede a darle de baja al profesional, como sucedió este mes con 30 prestadores.
Por último, Rodríguez resaltó que «lo más importante es que además podemos resolverle el problema a los afiliados, buscándole un profesional de la misma especialidad y la misma trayectoria o reintegrándole el dinero que tuvo que pagar para ser atendido».
