“Va en contra de una responsabilidad estatal”: opina un juez de menores sobre la baja de edad de punibilidad
El juez de Menores de Rosario, Alejandro Cardinale, recordó que el derecho internacional obliga al país dar una “respuesta integral y diferenciada” a los niños y adolescentes que entran en conflicto con la ley penal.
El Consejo de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Rosario señaló a través de un comunicado que “bajar la edad de punibilidad en adolescentes es arrasar la ley de Protección Integral de las Infancias”. El pronunciamiento del órgano integrado por diferentes organismos estatales y no estatales rechaza el proyecto de ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación para modificar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. El juez de Menores de Rosario, Alejandro Cardinale, dijo al respecto a Conclusión que “si nos focalizamos en una respuesta exclusivamente penalizante, exclusivamente punitiva, yo con mi formación de abogacía puedo decir que va en contra de una responsabilidad estatal que tiene no sólo Rosario, Santa Fe, sino la República Argentina a nivel internacional, que es dar una respuesta diferenciada e integral para garantizar el desarrollo como persona” de las infancias.
El magistrado aclaró que esa respuesta integrar debe incluir la sanción, una respuesta que tenga que ver con una búsqueda de responsabilización y de intentar reparar el daño causado, pero no de una manera unívoca”. En ese sentido, Cardinale afirmó que “esa respuesta no puede ser asimilable a la respuesta que se le da por parte del Estado a la conducta de un adulto, a una persona mayor de edad”.
Para el Consejo, «la baja de la edad de punibilidad en la legislación nacional, o la ampliación del sistema punitivo a través del nuevo Código Procesal Penal en nuestra provincia, no son respuestas adecuadas, ya que no brindan ninguna garantía para el acceso a los derechos básicos de niños, niñas y adolescentes; sino, al contrario, agravan sus vulneraciones. Estas iniciativas refuerzan la estigmatización de esa población, tomando un porcentaje ínfimo como si fuera la totalidad de la misma, y desdibujando en esa operación el sufrimiento de los niños, niñas, adolescentes y sus familias».
El documento está firmado por la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, la Secretaría de Salud Pública, el Concejo Municipal de Rosario, el Ministerio de Educación provincial, la Dirección provincial de Niñez, Adolescencia y Familias, la Secretaría de Extensión y Territorio de la UNR, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, la Sociedad de Pediatría de Rosario, Amsafé, CTA Autónoma Rosario, Sadop Rosario, Amap, Aldeas Infantiles, la Asociación Chicos, el Foro de Infancias, el Colegio de Psicólogas y Psicólogos N°2, el Colegio de Trabajo Social N°2, el Colegio de Abogados N°2, la Defensoría de los Derechos de NNyA Rosario, el juez penal juvenil Alejandro Cardinale y el Sindicato de Prensa Rosario.
El juez Cardinale sostuvo que “la ley es una de las distintas herramientas estatales en la que la comunidad da respuesta” a la comisión de delitos por parte de menores de edad. “Hoy la ley que tenemos es un decreto ley de la última dictadura militar cuya última modificación fue de 1980, de la propia dictadura”.
Recordó que “el propio Gobierno de facto subió la edad de imputabilidad, que estaba en 14 años y la subió a 16 años. Este comunicado del Consejo de ninguna manera viene a decir que está bien esa ley, porque hay que aggiornarla, hay que modificarla, hay que incorporarle esta respuesta integral que tiene que ver con la responsabilización”.
El juez de Menores también se refirió al modo en que los medios de comunicación tratan las noticias que involucran a menores en conflicto con la ley penal. “En términos de comunicación muchas veces se pone al adolescente como el gran origen de muchos de los males ,y es lo más fácil generar esa respuesta, muchas veces estigmatizante, no sólo en términos generales sino para la vida en particular de esa persona que se la señala”.
Por su parte, el comunicado del Consejo sostiene que “junto al desmantelamiento de organismos nacionales como la Senaf, que ocupaban un lugar central en las políticas sociales, se profundizan desafiliaciones, en lugar de generar condiciones de posibilidad para los procesos de cuidados” de las infancias.
Por esos motivos, el Consejo declaró: “Rechazamos el dictamen de mayoría que pretende bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, el cual se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación el 6 de mayo pasado, ya que pretende avanzar hacia un nuevo proyecto de ley penal infantil”.