Por Alejandro Maidana
Impiadoso y opulento, así se pasea el actual modelo de producción adlátere de las minorías y enemigo de quiénes por campo y producción entienden otra cosa. Una realidad escabrosa, que no ha descansado a la hora de generar incesantes migraciones internas, desarraigo, hambre y concentración de las riquezas. Sin embargo, se sigue apostando a lo mismo, en ese pasamano que incluye exportaciones, dólares y pago de la deuda externa.
El último censo agropecuario, que se llevó a cabo entre el 15 de septiembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019, arrojó datos impactantes que, si bien no sorprenden en absoluto, explicitan lo destructivo que resulta este modelo. En ese entonces, se llegó a la conclusión que habían desaparecido 82.652 explotaciones agropecuarias, algo que después de dos años, estaríamos en condiciones de afirmar que ese número ha crecido.
A lo impactante de esta cifra, debemos sumarle, de manera muy antipática, las que quebraron durante la década del noventa, que fueron 103.000 Esto indica que en los últimos 30 años se esfumaron casi 200.000 chacras mixtas, y por ende la pérdida de más de 900.000 puestos de trabajo en el sector rural. En el censo de 1988 la media promedio del tamaño de las explotaciones pasó de 421 hectáreas a las hoy 826 hectáreas, un aumento del 96%.
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No hay salida colectiva con el actual modelo de producción; el hambre y la pobreza siguen creciendo al ritmo de las exportaciones, una ecuación tan clara como desprejuiciada. Por ello, debemos interpelar una vieja idea que se sostiene sobre pilares falaces e inconsistentes, la Argentina no produce alimento para 400 millones de personas, tiene las tierras suficientes para poder producirlo, pero lo que en realidad elabora en su enorme mayoría son commodities. Es decir, bienes transables y de mercado que lejos están de traducirse en alimento, ese que necesita un pueblo que encuentra un sinfín de escollos a la hora de propugnar un plato de comida.
A la falta de políticas públicas que puedan beneficiar a los sectores más golpeados -pequeños y medianos productores, cooperativas y familias campesinas-, se le suma el respaldo judicial que reciben quienes, de manera maniquea, manejan a su antojo una marioneta a la que denominan República. Sin tierra no hay producción de alimentos saludables, no hay precios populares, no hay sustentabilidad ni futuro para las próximas generaciones.
Una familia campesina batalla contra el desarraigo
La familia Gobbo Marinucci viene llevando adelante una estoica resistencia contra quienes, de un plumazo, pretenden borrar una historia escrita por tres generaciones. La Fundación Bigand busca despojarlos de las tierras que vienen habitando y resignificando hace “tan solo” 100 años. Esta familia de productores agroecológicos alerta y denuncia que la fundación busca, a través juez de Cañada de Gómez, darle celeridad a un proceso judicial que se tramita en la Corte Suprema de Justicia.
A Oscar Marinucci, compañero de vida y trabajo de Sandra Gobbo, el año pasado -y mientras se transitaba un momento duro de la pandemia-, la policía se lo llevó detenido por el solo hecho de tratar de impedir que se lleven la cosecha que con tanto sacrificio supieron conseguir. Sin orden judicial que legitime el operativo, y en pleno asueto de este poder, el secuestro se llevó adelante mientras que los uniformados no tuvieron empacho alguno en amenazar a uno de los propietarios del campo. “Ahora vas a saber lo que es la Policía”, fue lo que se desprendió de la humanidad de uno de los agentes, una actitud deleznable de quienes suelen utilizar el abuso como una herramienta disciplinadora.
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En aquel momento, El Foro Agrario Santa Fe indicaría a través de un comunicado que “Oscar Marinucci es hipertenso y se descompuso cuando fue llevado por la policía a la comisaría de Bigand. Y además le subió la glicemia, y por orden de un médico terminó hospitalizado, regresando a su hogar pasada la medianoche”. Cabe destacar que a Oscar se lo trató como un delincuente, siendo éste un hombre agricultor proveniente de una familia con mucha raigambre en el lugar. Una demostración más de que las fuerzas represivas del estado siempre estarán al servicio de los poderosos.
Lamentablemente, eso no es todo. Finalizando el 2020, y después del espinoso suceso relatado con anterioridad, la familia Gobbo Marinucci denunció un nuevo atropello. En aquel momento miembros de la Fundación ingresaron con un tractor a las tierras que estaban defendiendo sin ninguna orden judicial o aviso previo, destrozando el maíz agroecológico que con tanto sacrificio y conciencia habían sembrado. No solo arrasaron las vigorosas plantas que crecían sin venenos, arrasaron la demostración cabal que en Bigand se podía producir sin la necesidad de utilizar agrotóxicos. La Fundación estaba dando un doble mensaje.
En diálogo con Conclusión, Sandra Gobbo, mujer campesina y resiliente que viene sosteniendo la dignidad como estandarte, indicó que “las tierras pertenecen al fundador del pueblo, Victor Bigand, quien arrendaba las parcelas a distintas familias campesinas. En 2004, al fallecer la última heredera de la familia fundadora, comenzó una estrategia por parte de la Fundación Honorio Bigand para desalojar a los colonos y hacerse de esos terrenos. El accionar de la entidad va en contra del testamento que le legaba los campos y que apostaba a la caridad y el bien público. Esta Fundación no cumple con la voluntad del fundador de nuestro pueblo ni sus hijos, que no dejaron descendencia”.
Vuelvo a recalcar una y otra vez que esto no es solo la defensa a una familia de agricultores familiares, sino qué tipo de modelo país queremos.
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La familia ya perdió en manos de la prepotente Fundación una importante porción de sus tierras, contando solo en la actualidad con su hogar y una pequeña parcela donde crían animales. “Vuelvo a recalcar, una y otra vez, que esto no es solo la defensa a una familia de agricultores familiares, sino qué tipo de modelo país queremos. Si es el del agronegocio que solo piensa en concentrar la tierra para sacar mas quintales, fumigándonos y envenenándonos, o es el de la chacra mixta y la agroecología”.
El poder judicial no puede ser tan latifundista, en este caso apoyando a una fundación que es un verdadero fraude: no cumple con la voluntad de la última heredera.
La justicia sin duda alguna sigue siendo uno de los puntos más flacos que expone esta democracia de baja intensidad que imperiosamente debe fortalecerse en todos sus ámbitos. “El poder judicial no puede ser tan latifundista, en este caso apoyando a una fundación que es un verdadero fraude, ya que no cumple con la voluntad de la última heredera. La orden fue muy clara, al igual que las pautas que debía seguir esta fundación, cuestión que no se cumple y doblegando la apuesta avanzan contra una familia que tiene un arraigo que data de 1920 en el lugar. Aquí tenemos literalmente nuestra única vivienda, pretenden dejarnos en la calle, entonces decimos basta a los desalojos que se vienen sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país. La derecha, el poder económico o como se llame, tiene que terminar con el avasallamiento de los derechos. A nosotros como a muchos, con esto se nos va la vida, se van 100 años de historia y trabajo, se va la vivienda única y nuestra dignidad”, concluyó.
