El abuelastro acusado de violar y embarazar a una nena de 11 años, quien había pedido interrumpir el embarazo y se lo negaron, fue condenado este viernes por la Justicia tucumana a la pena de 18 años de prisión.
Se trata de un hombre de 66 años que está detenido desde el año pasado, luego de que se realizara la denuncia del caso, y quien este viernes durante la audiencia del juicio abreviado se declaró culpable.
El juicio se realizó este viernes por la mañana en la Sala V de la Cámara Penal y el hombre fue condenado por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por el grave daño a la salud de la víctima y por la convivencia en concurso ideal con el delito de corrupción de menores agravada».
Según informaron fuentes judiciales, la Sala V ordenó además que se mantenga la prisión preventiva del ahora condenado hasta que la sentencia quede firme, y solicitó al Poder Ejecutivo provincial que arbitre los medios necesarios para que la víctima tenga atención psicológica, que se le brinde una beca para que termine sus estudios y que también ella y su familia reciban ayuda socioeconómica y sanitaria.
La niña y su familia estuvieron acompañadas por varias organizaciones que se movilizaron hasta las dependencias judiciales bajo el slogan #NiñasNoMadres y #EmbarazoInfantilForzadoEsTortura.
Las organizaciones Andhes (Abogados y Abogadas del Noreste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y Cladem (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) habían difundido un comunicado donde solicitaron tanto a las autoridades judiciales como a los medios de comunicación proteger la identidad de Lucía y de su madre para evitar la revictimización y estigmatización de la niña.
Además, en el comunicado recordaron que este caso «visibilizó los obstáculos y las violencias institucionales que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas productos de violencia sexual para acceder a la interrupción legal del embarazo en Tucumán».
El 30 de marzo del año pasado, la fiscal María del Carmen Reuter, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Integridad Sexual de Tucumán, cerró la instrucción del caso y la elevó a juicio por el delito de violación.
El 27 de febrero de 2019, a la niña de 11 años que fue violada y había pedido tener acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), le practicaron una cesárea en el Hospital del Este «Eva Perón» de la ciudad de tucumana de Banda del Río Salí.
A los pocos días, el 8 de marzo, la beba que había nacido con 23 semanas de gestación y 660 gramos de peso, falleció.
