El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) actualizó el valor del costo medio de una película nacional, con lo que también elevó los topes de subsidios de fomento a los que podrán acceder las producciones de películas nacionales.
La Resolución 1607/2023 publicada ayer en el Boletín Oficial establece que el costo de una película nacional de presupuesto medio es de $ 105 millones, tras haber llegado a un consenso en la Asamblea Federal del Incaa del pasado 28 de septiembre en la provincia de Salta.
Este presupuesto promedio es utilizado por el organismo para determinar los topes de subsidio que se les otorgará a los largometrajes nacionales en sus diversos géneros, formatos y presupuestos.
Dependiendo del esquema, esta cifra será tomada como referencia para los proyectos que se estrenaron, iniciaron su rodaje o solicitaron los beneficios desde el 1 de septiembre último.
La norma se encontraba sin modificaciones desde el año pasado, cuando el monto se había fijado en los $ 70 millones.
La actualización se fundamenta “en los incrementos que hubo en los costos de producción y con el fin de garantizar el apoyo a la cinematografía nacional de manera eficaz”, indican los considerandos.
En la asamblea realizada en Salta también se presentó la propuesta preliminar para un nuevo plan de fomento al cine nacional, que permitirá actualizar y modernizar el régimen vigente.
El financiamiento del Incaa proviene, en su mayor parte, del Fondo de Fomento Cinematográfico (FFC) conformado por los ingresos provenientes de la recaudación del 10% del valor de las entradas de cine, 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como DVD´s) y el 25% de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en impuestos a operadores de telecomunicaciones.
Dicho fondo aún no prevé ingresos provenientes de plataformas de streaming, pese al cambio en las tendencias de consumo.
No obstante, a través de la Resolución 361/2023 publicada a fines de marzo pasado, el Incaa ordenó la inscripción de oficio ante el Registro Público de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual (Rpaca) de estas plataformas, donde se incorporan a las personas físicas y jurídicas que integran las diferentes ramas de la industria.
Esto se considera un paso previo para que las plataformas realicen también su aporte al FFC.
En la Cámara de Diputados aguarda su tratamiento en comisiones una normativa –presentada en diciembre del año pasado por un conjunto de legisladores encabezados por Gabriela Pedrali de Unión por la Patria (UxP)- que modifica la Ley de Cine de 1994 destinando el 10% del IVA cobrado por las plataformas al fondo, es decir, sin crear nuevos impuestos sino redirigiendo uno ya existente.
También amplia la cuota de pantalla exigida a etas plataformas para que incorporen un catálogo de producciones nacionales y les establece la obligatoriedad de producir como mínimo 20 horas por año.
El del Incaa no se trata del único tributo dirigido al fomento de un sector: hasta 2017 existía un impuesto de 1% en las facturas de telefonía móvil para el Ente Nacional de Alto Rendimiento (Enard) con el objetivo de financiar el deporte, tributo que fue eliminado por la administración de Mauricio Macri, sin reestablecerse posteriormente en alguna modalidad.
