La justicia dio curso a la demanda contra el gobierno de Rogelio Frigerio por autorizar la matanza de aves autóctonas
El Gobierno de Entre Ríos había dado luz verde a la matanza de 5 especies de aves autóctonas en mayo pasado. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia dio curso a la demanda de inconstitucionalidad presentada por instituciones socioambientales quienes sostienen que la medida es inconstitucional y viola tratados internacionales.
A través de la Resolución Nº 0997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, el Gobierno de Rogelio Frigerio habilitó desde el 10 de mayo al 23 de agosto la temporada de caza menor que permite la matanza de Pato Picazo, Pato de Collar, Pato Cutirí, Sirirí Pampa e Inambú Común o Perdiz.
Se autoriza la caza a cazadores locales en los departamentos La Paz, Gualeguaychú, Diamante y parte de Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Villaguay; y en cotos de caza a extranjeros y personas de otras provincias. La polémica e indignante medida, que apenas anunciada ya cosechaba numerosas críticas, aumentó considerablemente con respecto a años anteriores la cantidad de especies que se pueden matar, así como la superficie donde se puede practicar la caza, favoreciendo claramente al negocio de los cotos de caza.
Por ello, el pasado 30 de mayo, instituciones socioambientales y de protección animal habían presentado en la Sala Contencioso Administrativo de Paraná una Acción de Inconstitucionalidad contra la polémica decisión del Gobierno de Frigerio de permitir la matanza de sirirí pampa, pato cutirí, pato picazo, pato de collar e inambú común (perdiz). Además, la demanda ataca el artículo 7 de la Ley Provincial Nº 4841 que permite la caza y manipulación de armas de fuego a niños y adolescentes.
Con fecha 12 de junio, el Superior Tribunal de Justicia resolvió dar lugar a la demanda de inconstitucionalidad presentada por las ONG Conciencia Animal, Ayuda Animal y Arroyo Perucho Salvaje contra el Estado entrerriano. Ahora, se espera que la justicia se expida sobre la medida cautelar solicitada por las ONG.
La controvertida autorización del Gobierno entrerriano para matar aves autóctonas ha cosechado ya numerosas críticas y repudios desde distintas instituciones socioambientales del país por considerarla inconstitucional y violatoria de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, la Convención de Bonn y el Convenio de Diversidad Biológica.