Por Andrea San Esteban

Cuando en diciembre del 2009 el especialista fue designado por el juzgado que investiga la deuda, se encontró con la tarea de auditar 44 mil fojas que contenía el expediente, después de décadas en que se fueron sumando informes, contratos y declaraciones. Resume que los delitos encontrados en una pequeña inspección se detectaron 477 operaciones ilegales, en donde se aumentó el endeudamiento externo, sin ninguna justificación técnica, jurídica, económica y financiera. Así pudieron detectarse omisiones en el cumplimiento de los deberes de funcionario publico de los diversos ministros de economía y presidentes del Banco Central durante la dictadura.

Este es el primer pantallazo que Forero esboza cuando comienza a relatar su accionar como único auditor de la Deuda Externa Argentina, luego en su haber cuenta con dos libros “Deuda Externa y Crimen Social en Argentina” y “El Crimen de la Deuda Externa, de Martínez de Hoz a los Fondos Buitres”, de lectura imprescindible a la hora de saber que sucedió en la historia económica de nuestro país.

Ahora ilustra que, “de las investigaciones surgió que solo en el año 1981, se detectaron operaciones financieras por 9811 millones de dólares, que figuran como deuda, pero no están registradas en la balanza de pagos del país”. y continúa diciendo, “de las primeras 34 operaciones financieras realizadas por la dictadura, en los primeros meses de 1976, se detectó que personas que no eran funcionarios públicos contrajeron deuda a nombre de la Argentina, sin las debidas autorizaciones”.

La prórroga de jurisdicción

“Lo que dio origen a los juicios de los fondos buitre, tuvo comienzo con la modificación de las leyes que prohibían dirimir, en extraña jurisdicción, las cuestiones referidas a la deuda soberana, la modificación producida en junio de 1976 intentó regularizar aquellas 34 operaciones iniciales que prorrogaban en los tribunales extranjeros toda la deuda externa argentina, desde entonces son los tribunales de Nueva york, Londres y Frankfurt los que tienen jurisdicción sobre la deuda contraída a nombre de la nación argentina”, profundiza el auditor.

De los avales caídos al cierre de empresas

“Es conocido que durante la dictadura el salario perdió poder adquisitivo y se anularon las conquistas sociales. En el transcurso de esos siete años, según cifras oficiales se cerraron 18 mil industrias, solo superada por las 55 mil de la hiperinflación de 1989 y 108 mil industrias durante el gobierno de Menen”, hecha luz el catedrático.

En cuanto a las cuentas públicas, relata Forero que, “se encontraron diferencias de las cifras de endeudamiento, según el organismo que era requerido. Ante esa situación se interpelo a los funcionarios del Central y estos Declararon que no llevaban registros contables, sino meras anotaciones en una libreta negra”.

Continua el auditor diciendo que, “otra de las fuentes del endeudamiento fraudulento, fueron los avales otorgados por el Tesoro Nacional a empresas privadas que colaboraron con el golpe de Estado, creando las condiciones económicas de vaciamiento y colaborando luego con la represión.

Un premio por la sangre

“Al momento del vencimiento de los créditos dichas empresas no pagaron y el Estado nacional se hizo cargo de dichas obligaciones, aumentando la deuda externa argentina, transformando la deuda privada en publica. Sin que hasta el momento y pasados 35 años requiriera a esas mismas empresas el pago de las deudas”. Concluye el Dr. “una parte de la deuda externa argentina, contraída por la dictadura es en pago por la complicidad de los grandes grupos económicos al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que aun siguen impunes”