Por Hernán Letcher y Julia Strada
(Centro de Economía Política Argentina)
La negociación con los fondos buitre que le tocó encarar al gobierno de Mauricio Macri colocó en los últimos días a los estrategas en finanzas del macrismo en una situación incómoda. Los hasta ayer bien intencionados “holdouts”, a quienes Argentina debía reconocer la deuda y, sin muchas vueltas pagar, se convirtieron con el correr de las horas en personajes poco amistosos (“hostiles” fue la palabra utilizada por Etchebarne, cabeza del estudio jurídico contratado por Hacienda) y condicionantes de la estrategia de “retorno a los mercados” altamente sensible en la jerarquización de objetivos económicos dispuesta por Prat Gay.
El énfasis que durante el kirchnerismo se realizó sobre la ostensible “mala fe” en el accionar buitre, sobre los intereses del mundo de las finanzas (deseosos por condicionar a los países emergentes con endeudamiento circular en el tiempo), y sobre la opacidad de los negocios alimentados por los fondos especulativos (como se comprobó con el sospechoso “Credit Default Swap” gatillado a instancias de un default técnico forzado por Griesa) parecen retornar como pesadilla de un gobierno que esperaba que sus guiños al mercado sean devueltos con mejores modales.
Haber acusado al kirchnerismo de montar una farsa con el conflicto de los fondos buitre no hace más que invertir la frase de Marx de su 18 Brumario: aquella farsa sostenida con “intransigencia k” –que para las voces opositoras no tenía fundamentos en la medida en que los holdouts eran acreedores como tantos otros-, se convierte por estos días en una tragedia muy tangible: el condicionamiento es real, el incremento de la demanda original con bonistas “me too” ya es un hecho, y la saga de endeudamiento retorna velozmente como un viaje al pasado.
El procedimiento buitre es harto conocido a nivel global: si bien gustan definirse como fondos “que brindan liquidez a economías en desarrollo”, funcionan con una clara operatoria, que consiste en la compra de títulos de deuda pública de países sobreendeudados a punto de caer en default o con deuda defaulteada, los cuales poseen una baja cotización producto de su alta calificación de riesgo. Seguidamente, se resisten a negociar y participar de las reestructuraciones de deuda, buscando jueces cercanos (“juzgados de ocasión”) para garantizar un posterior litigio en tribunales internacionales. Tienen, en efecto, la mira puesta en un jugoso retorno resultante de haber adquirido los bonos a precios módicos (sin nunca haber tenido interés en financiar al país de origen) y cobrar el valor original sumado a los intereses resarcitorios y punitorios devengados hasta el momento (en contraposición a la amplia mayoría de los bonistas que aceptaron deducciones significativas).
Un ejemplo paradigmático es el multimillonario estadounidense y financista del Partido Republicano Paul Singer, con numerosas demandas en su haber. El caso peruano es ejemplificador: en 1995 NML compró 11,4 millones de dólares por bonos de Perú, que tenían un valor nominal de 20,7 millones. En 1996 no aceptó el canje propuesto por dicho país e inició demandas en New York, Bruselas y California. Consecuentemente en 1999 el Tribunal de NuevaYork embargó bienes de Perú por 56 millones de dólares. El desenlace de la historia es conocido: Perú fue bloqueado y Singer embolsó el valor nominal más los intereses.
No fue magia (fue entrega)
En Argentina no se privaron de una operatoria similar: con el default de títulos de deuda del año 2001 y particularmente aprovechando la cláusula cerrojo por el canje del 2005, los fondos NML Capital (Elliot, de Singer) y Aurelius Capital Management adquirieron bonos de deuda argentina a unvalor cercano al 10% del valor nominal.
Echadas las cartas, resulta cuanto menos curiosa la propuesta “soberana” efectuada por Prat Gay y su equipo: una quita del 25% y pago en efectivo. En efecto, fueron los expertos en finanzas internacionales del actual gobierno, que criticaron la “inexperiencia” del equipo de Kicillof,los que propusieron una oferta que incluso superó la realizada por los mismos fondos buitres al gobierno argentino a mediados de 2014 (que significaba una quita del 30%). Tomando el caso de Singer, quien compró a U$S 48,7 millones y litiga por U$S 832 millones (apuntando a obtener una exorbitante ganancia del 1708%), la aplicación de esa quita mantendría de cualquier manera un retorno del1281% (incluso, la quita del 15% oferta buitre primeramente realizada al equipo de Kicillof, suponía una ganancia del 1452%).
Ahora bien, se presenta una evidente asimetría: se pagan cerca de 13.500 millones de dólares al 7% de bonistas, mientras que el 93% recibió 30.000 millones de dólares, y en bonos. Luego de cerrar el juicio del siglo en menos de una semana, Macri y Prat Gay podrán atinar a decir “no fue magia”. Pero deberíamos agregar: en este caso, fue entrega.
Ganaron dos veces
El acuerdo concretado con los fondos buitre deja entrever, entre otras cosas, algo que había quedado en el olvido y que oportunamente señalamos: la operatoria de los fondos buitres en junio de 2014 para ganar al gatillarse los Credit Default Swaps (CDS). Los fondos especulativos ganaron por una doble vía: en primer lugar a través del cobro de los ingentes seguros contra default y, en segundo lugar, con la jugosa propuesta macrista que manifestando una ostensible urgencia por recibir financiamiento internacional, avala el comportamiento usurero de estos actores financieros. En efecto, los fondos buitres tenían en su poder una parte importante de los bonos que no habían entrado en los canjes de 2005 y 2010 y tampoco eran demandantes en el juzgado de Griesa. Esta porción de deuda que deliberadamente está afuera de la reestructuración argentina, se transformó en los curiosos bonistas “me too”, incorporados a la demanda original. Ello confirma la hipótesis que orientó la denuncia presentada por la Comisión Nacional de Valores ante la Securities and Exchange Commission -SEC- de Estados Unidos en agosto de 2014, donde esos fondos operaron -con la colaboración de Griesa que declaró el «default técnico»- para permitirles cobrar aproximadamente u$s1.000 millones a través de las garantíasactivadas ante la posibilidad de quiebra o dificultades de pago del país deudor. Luego del mencionado episodio, casualmente Griesa convocó a los «me too» a sumarse a la sentencia con la Argentina.
¿Por qué tamaña concesión? El ex JP Morgan sin dudas no está pensando en blindar a la Argentina de la voracidad especulativa de estos fondossino en impulsar un nuevo proceso de endeudamiento, por lo que necesita sacarse de encima la mochila buitre.De hecho,a través de la institucionalidad financiera que los buitres integran, se han convertido en virtuales nuevos acreedores de Argentina, luego del “repo” viabilizado porSturzenegger que supuso la entrega en garantía de bonos por un valor nominal de 10.000 millones de dólares, a cambio de 5.000 millones de dólares que abultaron las reservas, a pagar a un plazo de once meses con una tasa de interés de 6,7%. El acreedor de esta deuda del Tesoro deja entonces de ser el BCRA y se transforma en la banca transnacional: HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Deutsche Bank, Citigroup y UBS. Ello no sólo fue un cambio de nombres: de deuda intraestatal con bajo costo, el “repo” que permitió eludir al Congreso, involucra pago de intereses por más de 9.000 millones de dólares con bonos de 6 a 11 años.
Lo cierto es que si la Argentina le pagara a alguno de estos bonistas en mejores condiciones respecto del 93% de acreedores que accedieron en los canjes a una quita de capital, reducción de intereses y extensión de plazos, estos últimos tendrían derecho a reclamar el mismo tratamiento. En efecto, si bien para los lobbistas de la city el peligro de la RUFO ya es parte del pasado, la vigencia en la legislación local del principio paripassuque establece igualdad de trato entre acreedores, tendría consecuencias similares si algún juzgado decidiera dar la razón a bonistas no beneficiados por Griesa.
Los amigos de siempre
El costo de “volver a los mercados” en poco más de 60 días de gobierno ya se ha traducido en un incremento del peso de la deuda en dólares sobre el producto. Si la “herencia” había sido un escaso nivel de endeudamiento en dólares, del orden del 8%, el primer efecto de la mega-devaluación del 60% fue el incremento de dicho valor al 13,03%. La deuda contraída por 5.000 millones de dólares subió la cuenta al 14,40% y agregó un componente otrora criticado: la cesión nuevamente de soberanía jurídica para que cualquier controversia se defina en los tribunales de Nueva York. Colonialismo jurídico como contracara de la dependencia financiera. La otra pata es el eventual acuerdo con los buitres por un valor de u$S 13.500. En suma, la devaluación, la deuda contraída por u$5.000 millones producto del REPO y los u$13.500 millones de buitres llevará esa relación a 18,45% sobre PBI.
Los amigos de siempre no sólo se aseguran un incremento de su nivel de condicionamiento –y poder de fuego- sobre el país que a contramano del sistema internacional decidió desafiarlos durante 12 años, sino que se llevan tajadas significativas con la percepción de intereses. En términos de intereses, una deuda del 18,45% del PBI implica que más que se duplique el costo a pagar llegando a $103 mil millones anuales comprometidos en el presupuesto.
Pero si Cambiemos urge por sellar un acuerdo (“lo antes posible”) que garantice la ansiada “lluvia de dólares”, la banca transnacional tiene objetivos algo más ambiciosos. La justicia estadounidense reafirmó una determinada forma de hacer negocios, donde la especulación con “derivados”, a pesar de ser la causante de la crisis del 2008, mantiene una puja con la economía real basada en la producción de bienes. Doblegar un caso paradigmático que revela el círculo virtuoso de desendeudamiento, crecimiento e inclusión, oficiaría de contra-ejemplo para todos aquellos países que osen desafiar a los capitales extranjeros: no sólo para los países europeos en crisis como Grecia y España, sino fundamentalmente para la región latinoamericana, sirviendo de veto a los procesos políticos del continente.
