Por Esteban Guida*
El ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación, Rogelio Frigerio, ratificó lo que desde hace más de una año vienen advirtiendo distintos sectores del quehacer político y económico nacional: la Argentina “no puede vivir eternamente con déficit y de prestado”.
Cumplida la mitad de su mandato, el gobierno de la alianza Cambiemos afirma con vehemencia y propagandismo todo lo contrario a lo que hizo desde el inicio de su gestión. En el año 2016, teniendo en cuenta el ingreso extraordinario de recursos producto del blanqueo de capitales, el déficit primario fue del 4,2%, un 80% mayor al que extraoficialmente reconoció el propio gobierno para el año 2015. Aunque algunos meses del año 2017 mostraron una leve caída del déficit primario, a octubre de este año el déficit fiscal financiero (que considera también los intereses de la deuda) refleja un aumento del 30,8% respecto al año 2016.
Por su parte, la Deuda Pública Bruta al 10 de noviembre del corriente año, alcanzó un nuevo récord de 342.500 millones de dólares, un 53,8% más que a diciembre de 2015, mientras que la deuda externa pública aumentó un 63,2%, pasando de 63.600 millones de dólares a fines de 2015 a los 103.800 millones de dólares que ya estaban emitidos a principio de este mes. Esta situación la ha valido para que agentes y operadores financieros internacionales coloquen a la Argentina como el país más “tomador de deuda del mundo”.
Como si eso no formar parte de las decisiones de la actual gestión, el gobierno realiza una “amplia convocatoria” a todos los sectores para “ceder” y hacer un aporte al desarrollo nacional. El pedido de austeridad viene luego de haber destinado USD16.500 millones para pagar a los fondos buitre, USD6.000 millones para devoluciones de impuestos, USD5.000 millones para operaciones de dólar futuro, USD5.000 millones a los agroexportadores por la quita de retenciones, y más de USD4.000 a condonar deudas de empresas amigas, entre otras concesiones hechas a sectores favorecidos por este plan económico.
Aunque algunos pasen por alto esta cuestión, el sector privado, y particularmente los inversores, a quienes el gobierno quiere seducir con su plan de reformas, ha tomado detallada nota de estas contradicciones y espera expectante observar la evolución de los acontecimientos. Esta actitud especulativa y previsora, producto de saber que el gobierno dice ahora una cosa distinta a la que ha venido realizando, explica en parte la necesidad del BCRA de elevar la tasa de referencia a niveles por encima de lo proyectado por la autoridad monetaria. La otra parte se explica por el fracaso de la política antiinflacionaria que está conduciendo a la autoridad monetaria a un callejón sin salida decorosa.
De esta manera, el gobierno acaba de mostrar “su última carta”. Si no logra bajar significativamente el déficit fiscal, el nivel de endeudamiento seguirá en ascenso, y eso ahondará las dudas de los agentes económicos que, en vez de invertir en proyectos de la economía real, siguen apostando a la renta financiera. Pero no se puede descuidar que la emisión de deuda está fuertemente condicionada por un esquema aperturistas que exporta divisas a precio subsidiado, aspecto que incrementa fuertemente el déficit financiero y las necesidades de absorber recursos de la economía para el pago de intereses.
La evidencia histórica indica que, sin un plan de crecimiento que tenga como objetivo central la incorporación de valor a los recursos propios, con al aporte digno y valorado de la mano de obra nacional, no hay plan económico que resista.
