Por David Narciso
La conexión santafesina del caso D’Alessio, con la revelación de sus diálogos con la viuda del Pájaro Cantero, Lorena Verdún, y la visita a Monchi Cantero el 15 de febrero de 2018 en su lugar de detención, por primera vez prueba la acción fehaciente de espías y servicios de inteligencia (ya sea orgánicos o inorgánicos, en el caso de D’Alessio aún no está claro) operando en territorio santafesino.
Esto explica el alivio en el Frente Progresista y el interés del gobierno provincial para que la Justicia tire de esa punta del ovillo expuesta por el periodista de Radio 2 Agustín Lago. Están las escuchas legales de los diálogos con Verdún y las actas de ingreso de D’Alessio para ver a Machuca. Presentarse como víctima de operaciones políticas es un deporte en la política argentina, tanto que a veces es contraproducente como en el cuento del pastorcito mentiroso. En el caso del socialismo hace casi una década que denuncia operaciones desde Buenos Aires, primero con el kirchnerismo y luego con Cambiemos, pero hasta ahora era cuestión de creer o reventar.
Lo que no se sabe es para quién trabaja Marcelo D’Alessio. Quién le ordenó o lo contrató para armar operaciones políticas en Santa Fe. El columnista del diario de La Nación Carlos Pagni publicó el jueves pasado, sin asignar fuentes, que este intento de usar a Los Monos para dañar la imagen del oficialismo provincial, vinculando a sus funcionarios o candidatos con miembros del narcotráfico, “se podría haber realizado a pedido o bajo el control de Darío Biorci, jefe de gabinete de la AFI y cuñado de Majdalani”. Silvia Majdalani es la número dos del organismo de inteligencia nacional, detrás de Gustavo Arribas, aunque en la práctica tiene el manejo operativo.
Acta donde consta el ingreso de Marcelo D’Alessio junto a Lorena Verdún el 15 de febrero de 2018 al Centro de Justicia Penal
Por otra parte, en su paso por la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, el juez Ramos Padilla, el mismo que allanó y apresó a D’Alessio, reveló que Elisa Carrió era “usuaria de D’Alessio”. El dato hace relamer al kirchnerismo, blanco predilecto de denuncias y acusaciones a mansalva de la chaqueña.
La curiosidad es que Carrió y Majdalani no son lo mismo. Pertenecen a distintos intereses y sectores del oficialismo nacional. Majdalani no habla en público por razones obvias, pero Carrió sí: dijo que la número dos de la AFI es parte de las mafias que siguen a pesar de la llegada de Cambiemos al gobierno y pidió que la “investiguen a ella y a sus familiares”, en referencia a su cuñado Biorci.
¿D’Alessio trabajaba orgánicamente para la AFI como sugiere Pagni y al mismo tiempo lo hacía inorgánicamente para Carrió como afirmó el juez que lo investiga? Quizás la conexión Santa Fe pueda aportar alguna respuesta.
La podredumbre de las estructuras de espías al servicio de la política, el delito y los grandes negocios empresariales llega a tal punto en el país que no sería sorpresa que un mismo agente trabaje para intereses enfrentados. Y que entre sus blancos figuren, además de políticos, testigos judiciales y empresarios, miembros de bandas temerarias, acusadas de crímenes atroces como Los Monos.
De hecho, Monchi Machuca además de reconocer la reunión le dijo al periodista de Radio 2 que D’Alessio le advirtió que le armarían una causa judicial en los tribunales federales de Rosario. Motivos había de sobra para que finalmente se investigue a Los Monos por narcotráfico, pero lo relevante para el caso es que D’Alessio tenía información de antemano. No es descabellado que haya intentado extorsionarlo a cambio de obtener lo que había ido a buscar: involucrar en sus delitos a miembros del oficialismo provincial. O el espía se aprovechó de ese dato o alguien lo mandó ¿a negociar? colaboración a cambio de algún alivio a su situación procesal.
Otro detalle relevante. D’Alessio llegó a la celda flanqueado por abogados defensores de Machuca. ¿Nunca le preguntaron para qué quería la reunión? ¿También ellos fueron sorprendidos en su buena fe en la creencia de que el espía era un abogado? El libro de guardia es elocuente: los abogados se registraron como tales, y D’Alessio también, pero no tiene título. Así se registró al ingresar.
Hay más. ¿O es que D’Alessio y Monchi ya habían trabajo juntos? Jueces, funcionarios judiciales, periodistas y políticos creen haber encontrado la respuesta a un misterio: el origen de las planillas y filmaciones de la Dirección Nacional de Migraciones que demostraban los viajes al exterior del juez penal Juan Carlos Vienna. Monchi Cantero las mostró cuando estaba prófugo y salía por TV en el programa del periodista Rolando Graña. La defensa de Los Monos usó infructuosamente esas planillas, entre otros argumentos, para invalidar la causa por asociación ilícita que lo llevó tras las rejas. Son documentos que no los consigue cualquiera sin orden judicial. La misma defensa también convocó a Graña como testigo durante el juicio a Los Monos. Ese día, el 26 de diciembre de 2017, Graña se presentó a declarar. Junto con él entró D’Alessio, según lo confirman testigos y quedó asentado en el libro de ingreso al Centro de Justicia Penal.
Acta donde consta el ingreso de Marcelo D’alessio el 26 de diciembre de 2017 al Centro de Justicia Penal
Dos meses más tarde, el 15 de febrero de 2018, D’Alessio se entrevistó con Machuca. Primero hizo contacto con Lorena Verdún, la viuda del Pájaro Cantero, el 30 de enero. Un año y un mes después Verdún protagonizó una operación político-mediática con el mismo objetivo que perseguía D’Alessio cuando entrevistó/extorsionó a su cuñado. Fue la noche del 3 de marzo pasado cuando, con información precisa sobre los movimientos del candidato a gobernador del Frente Progresista, ella y al menos una persona más lo abordaron en el Carnaval del parque Scalabrini Ortiz. Como una vecina más Verdún le pidió una foto, a la que el candidato accedió cándido y en pose proselitista. Bonfatti, sus colaboradores y los custodios recién se dieron cuenta de que habían caído en la trampa cuando un par de horas después la imagen se viralizó desde una cuenta falsa en Twitter, en Facebook y en la página de Apropol Santa Fe, presentada como prueba de que el candidato del frente gobernante tiene vínculo con lo más conspicuo de una banda narco.
La cuenta que se adjudicó iniciar la viralización en Twitter es @SuStewartAlta. También tuvieron un rol muy activo la página web de Apropol, el autodenominado sindicato policial, el perfil de twitter El Cipayo Argentino (con 275 mil seguidores llegó a tener 90 mil vistas) y otro denominado En el nombre de la rosa.
Este último fue creado al día siguiente de la foto, el 4 de marzo, para distribuir ese contenido como publicidad paga durante una semana en Facebook, Instagram y la red de Audience Networks, que hace que un contenido pago aparezca en las web de medios tradicionales. Así, por ejemplo, la publicación de En el nombre de la rosa se pudo visualizar en el diario deportivo Olé como publicidad previa a un video de Rosario Central. El algoritmo de Facebook muestra como primera página relacionada a “En el nombre de la rosa” a Apropol Santa Fe.
Bonfatti recurrió a la Justicia. Le pidió al Fiscal general de la provincia que se ordene a Facebook quitar de circulación materiales y se le solicite informar quién pagó las publicaciones. Los especialistas que integran el comité de campaña del precandidato identificaron que las principales cuentas que viralizaron la foto no pertenecen a usuarios reales, en su mayoría son de Ciudad de Buenos Aires y el perfil de sus contenidos es afín al PRO y en contra del kirchnerismo, Lavagna y la UCR.
También pusieron el ojo en un nombre que interactuó y siguió “la noticia”: Luciano Bugallo, asesor de Elisa Carrió, casado con la diputada santafesina Lucila Lehmann, y en varias oportunidades apuntado como coordinador de uno de los troll centers que responden al gobierno nacional.
Aquí vale una aclaración. En el juego de las redes sociales y su aplicación en campañas electorales no resulta fácil distinguir entre quienes pueden ser promotores de campañas de desprestigio o generadores de fake news, de aquellos otros que aprovechan la volada o son funcionales. No es cuestión de apuntar por el sólo hecho de retuitear una publicación que huele a podrido porque conviene a los intereses propios. De todos modos, más allá de esa salvedad, es más que evidente que en el armado de la foto de Verdún-Bonfatti se trató de una operación en la que se invirtió dinero en redes sociales que se paga con tarjeta de crédito. Argentina, como muchos países del mundo, no tiene legislación específica que evite o minimice las fake news.
Hasta aquí todo parece parte de un thriller político-criminal. Es fácil intuir que no hay un solo D’Alessio sino un sistema que funciona así sin que ningún gobierno pudiese ponerlo en caja. Además, como señala el periodista Hugo Alconada Moon en su libro La Raiz, se trata de un mundo subterráneo de espías, operadores y corruptos que excede los mandatos de gobierno.
El Frente Progresista, quizás por su característica de partido provincial que gobierna un territorio y una economía claves, sobrevivió a situaciones tan críticas como extrañas.
Una de ellas fue la forma en que fue detenido el ex jefe de la Policía provincial Hugo Tognoli. La investigación estaba en marcha hacía muchísimo tiempo y tanto la fiscal federal a cargo como el juez no consideraron que las pruebas reunidas fueran motivo para una detención. Bastó que “alguien” llevara copia de ese expediente a un diario nacional afín al gobierno para que en cuestión de horas el juez entendiera el mensaje y mandara apresar al Policía con la conmoción pública y política esperable. Todo muy parecido a las recurrentes historias de Comodoro Py y la trama que tiene a D’Alessio como punta de iceberg y al juez Ramos Padilla como una amenaza para ese submundo de trafico de información, espías y causas ad hoc. Esto ocurrió en marzo de 2012 y el Frente Progresista lo leyó como el vuelto por haber desafiado al gobierno nacional con la candidatura presidencial de Hermes Binner. Todo esto sin perjuicio de que el nombramiento de Tognoli fue un gravísimo error y que si bien el Policía luego de varios años preso fue absuelto, en otro caso recibió condena.
Poco después estalló la denuncia que involucraba al hermano de Hermes Binner en la sustracción y venta de bebés. La Justicia local logró demostrar que todo fue una gran mentira, que ni siquiera hubo embarazo en la denunciante, pero en el medio pasaron meses con el tema deambulando por las redacciones nacionales y locales.
En 2016, Elisa Carrió atacó una vez más al oficialismo santafesino asignándole responsabilidades por el tema narcotráfico, pero enfocó abiertamente sobre Antonio Bonfatti con descalificaciones de todo tipo. Las reiteró el 18 de febrero pasado, ya en campaña para apoyar al candidato de Cambiemos José Corral. Y fiel a su estilo, dando a entender que algo va a pasar, según publicó el diario digital de Rafaela Primicia, afirmó: «Rosario es el lugar en donde estoy centrando mis investigaciones sobre el narcotráfico y les digo ya que se pongan todos en fila a los puertos porque estamos analizando el narcotráfico de la hidrovía y el puerto de Rosario».
Lo poco que se sabe que contiene la carpeta “Narcotráfico Rosario” hallada en la casa de D’Alessio cuando lo allanaron, es lo que contó el juez Ramos Padilla al comparecer en el Congreso: “…«Descripción de la matriz delictiva en esta materia en Rosario. Financiación privada. Protección policial. Líneas comerciales. Cobertura política local. Redistribución de la ex Policía Judicial. Nueva balanza comercial. Rol sindical de al menos un puerto santafesino vinculado a PNA (Prefectura Naval Argentina) y los exportadores de cocaína. Nuevas alianzas con participantes de provincias vecinas». Esta operación la realizó a partir de filmaciones con cámaras ocultas a uno de los principales actores locales, filmaciones aéreas con drones, capturas fotográficas, obtención de registros de llamadas entrantes y salientes con detalle de celdas de activación, obtención del historial migratorio de sus objetivos, entrevistas personales encubiertas, entre otras”. Todo ilegal, obvio.
¿Las investigaciones de Carrió en realidad eran las maniobras de espionaje ilegal y extorsiones de D’Alessio como sugirió Ramos Padilla y como denuncia el kirchnerismo que ocurre a nivel nacional con sus acusaciones? En el caso santafesino es notable la similitud entre las palabras de la diputada chaqueña y lo que estaba asentado en el dossier de D’Alessio revelado por el juez federal.
La conexión local del caso D’Alessio no parece que vaya a terminarse aquí. Salta a la luz en medio de una campaña electoral corta, pero muy potente, en la que el Frente Progresista pone en juego su supremacía en la preferencia de los santafesinos.
Si bien el caso D’Alessio le da verosimilitud a la campaña sucia que viene denunciando el Frente Progresista y su precandidato a gobernador, sería un error que el gobierno provincial descanse sobre ese dato sin corregir una serie de acciones propias. Entre otras, la inexplicable permanencia de ciertos comisarios en lugares de jerarquía o la falta de voluntad política para que avancen las causas por enriquecimiento ilícito contra ex jefes policiales.
